Convivencia Cívica y Hablamos Español presentamos el 1 de junio denuncia ante Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, contra el Consejero de Educación, González Cambray, y otros altos funcionarios de su departamento, por los delitos de desobediencia a los Tribunales y prevaricación.
El primer delito acarrearía una pena de multa de tres a doce meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años. En el caso del delito de prevaricación podría suponer de siete a diez años de inhabilitación.
Se les denunció por tener en todo momento una clara voluntad incumplidora y por utilizar todo tipo de estratagemas para no cumplir una Sentencia y seguir aplicando la inmersión lingüística obligatoria.
Por otra parte, Hablamos Español y Convivencia Cívica Catalana todavía están a la espera de que el TSJC se pronuncie sobre su legitimación como asociaciones para reclamar el cumplimiento de la sentencia del 25%. Su petición fue presentada el 30 de marzo y aportado apoderamiento el 13 de abril. El Tribunal tampoco ha resuelto la petición presentada por ambas entidades en representación de la AMPA del colegio de San Fost que encabeza la Federación de AMPA que han promovido ambas entidades.
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