El Tribunal Supremo ha propinado, en una sentencia emitida el pasado 15 de febrero, un nuevo revés a un Pedro Sánchez instalado en la ilegalidad permanente y ha anulado el Real Decreto 252/2023 por el que en abril del año pasado el Gobierno acordó el traspaso de las competencias en materia de tráfico de la Guardia Civil a la Comunidad foral de Navarra.
La sentencia estima el recurso presentado por la asociación Justicia para la Guardia Civil (JUCIL) al considerar que no es conforme a derecho usar un real decreto de traspaso para traspasar al Gobierno autonómico una competencia que no aparece reconocida en la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra (Lorafna), equivalente al estatuto de autonomía, y que tampoco está amparada en su derecho histórico.
Esta sentencia del Supremo indica la falta de respeto a la legalidad del Gobierno de Sánchez, que si desea traspasar esta competencia a la autonomía navarra lo ha de hacer de otra manera. Pero las prisas del PSOE por contentar a sus socios separatistas de Bildu le llevaron a escoger una vía jurídica que no era la correcta. Y esto es lo que el Supremo ha tumbado.
Sánchez está intentando desmantelar la Guardia Civil para contentar a sus socios separatistas. El siguiente paso será intentar privar de las competencias de Vigilancia Costera y la de Medio Natural a la Benemérita para traspasarlas a los Mossos d’Esquadra. Aragonès ya ha comprado lanchas y embarcaciones a la policía autonómica catalana, antes que la competencia se haya traspasado.
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