La política exterior de Pedro Sánchez ha cruzado una línea roja de consecuencias imprevisibles para la integridad nacional. El seguidismo ciego a los intereses de Marruecos y el alejamiento sistemático de nuestros aliados tradicionales en Washington ya pasan factura. Por primera vez en la historia, un comité de la Cámara de Representantes de Estados Unidos pone en duda que Ceuta y Melilla sean España.
El golpe diplomático llega desde el Comité de Asignaciones, liderado por el influyente republicano Mario Díaz-Balart. El texto aprobado no deja lugar a dudas sobre la debilidad internacional de nuestro Gobierno. El documento define a las ciudades autónomas como territorios «administrados por España» pero ubicados en «suelo marroquí». Es un lenguaje agresivo que dinamita décadas de consenso internacional y respeto a nuestras fronteras. No es un texto vinculante, pero inicia una senda peligrosa para el mantenimiento de la integridad territorial de España.
Este organismo insta directamente al secretario de Estado, Marco Rubio, a mediar en un conflicto de soberanía que España no debería permitir ni debatir. La recomendación de Washington de buscar un acuerdo diplomático con Rabat es una bofetada a la Constitución. Mientras Sánchez se dedica a ofender a los socios occidentales, Marruecos recoge los frutos de una diplomacia agresiva y bien conectada en el Capitolio.
La deriva del PSOE ha dejado a España en una posición de vulnerabilidad extrema ante el expansionismo alauí. El informe estadounidense resalta la «alianza histórica» entre Estados Unidos y Marruecos, ignorando el papel estratégico de España. No es una coincidencia, es el resultado de años de desdén socialista hacia la administración americana. El precio de priorizar fotos con regímenes autocráticos y alejarse de la esfera transatlántica es la entrega de nuestra soberanía.
El documento prevé destinar al menos 20 millones de dólares en ayuda militar y de seguridad a Marruecos para el año 2027. Esto supone armar a un vecino que mantiene una reclamación activa sobre suelo español, con la bendición tácita de sectores clave en EE. UU. La influencia de Díaz-Balart, quien afirma sin tapujos que «Ceuta y Melilla no están en España», refleja el fracaso absoluto del Ministerio de Exteriores.
Para el legislador republicano, el futuro de nuestras ciudades es algo que debe «discutirse entre amigos». Esta retórica trata una cuestión de integridad territorial como si fuera un simple trámite burocrático o comercial. Sánchez ha permitido que España deje de ser tratada como un aliado prioritario para convertirse en un actor secundario y prescindible. La soberanía no se negocia, pero la Moncloa parece haber olvidado este principio básico.
Aunque el pleno de la Cámara aún debe ratificar el texto final, el daño a la imagen de España ya es una realidad tangible. La mera existencia de este posicionamiento oficial en un órgano del Congreso es un hito negro para nuestra diplomacia. Refleja que en Washington ya no se ve a España como el socio fiable que solía ser. El giro respecto al Sáhara no trajo la paz con Marruecos, sino que alimentó nuevas ambiciones territoriales.
El socialismo ha preferido la complacencia con Rabat antes que la firmeza en la defensa de nuestras fronteras africanas. Mientras los ministros de Sánchez celebran supuestos éxitos diplomáticos, la realidad en las instituciones internacionales es muy distinta. España pierde peso, pierde respeto y, lo más grave, empieza a perder el reconocimiento de su propia geografía. El coste de la «operación de supervivencia» de Sánchez es cada día más alto para el conjunto de los españoles.
No podemos ignorar que este movimiento se produce en un contexto de acercamiento del Gobierno a China. La soberbia de la Moncloa ha provocado que nuestros aliados miren hacia otro lado cuando se trata de proteger nuestra integridad. Si Washington ya no garantiza el respeto a Ceuta y Melilla, es porque el Gobierno de España no ha sabido hacerse respetar.
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