La ofensiva que Pedro Sánchez está lanzando contra los jueces para intentar tapar sus escándalos de corrupción amenazan nuestra arquitectura constitucional y nuestro sistema de libertades. Desde Moncloa se filtra a los medios de comunicación que controlan que el presidente del Gobierno y su esposa son perseguidos por una conjura judicial-masónico-pepera que intenta desnaturalizar el resultado de las últimas elecciones generales.
Es muy grave que desde el Gobierno se promuevan falsas acusaciones de lawfare, que el recurso habitual de los separatistas para intentar deslegitimar a los jueces que les persiguen por sus graves delitos, entre ellos saquear las arcas públicas. Si el Gobierno se encuentra ‘acosado’ es por la ingente cantidad de ilegalidades que ha cometido en los últimos años, ya que ha decidido acabar con cualquier garantía legal para intentar conseguir los apoyos que necesita en el Congreso.
Como sus socios son formaciones que incitan a comportamientos delictivos, o directamente cuentan con delincuentes condenados o ex convictos entre sus filas, como Bildu, Esquerra o Junts, es lógico que exijan a Sánchez romper el marco legal. Y el líder del PSOE ha mostrado entusiasmo a la hora de satisfacer a los que le mantienen en el poder. De ahí que los socialistas hayan pasado de pilar de nuestra Constitución a ser los más interesados en reventar el consenso que hizo posible su aprobación.
El Gobierno debería dejar trabajar a la justicia, pero como su acción está tan llena de irregularidades de todo tipo, ha de utilizar la estrategia del calamar, y soltar tinta para emborronarlo todo y que no se vea la realidad de su gestión: opacidad, amiguismo y, sobre todo, sumisión a lo peor de la política española, desde los herederos políticos de ETA, a los que defienden la desigualdad entre los españoles para satisfacer los anhelos de un supremacismo tribalista.
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