Societat Civil Catalana ha enviado hoy un requerimiento al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, para que adopte «las medidas necesarias para impedir la utilización de la conocida como identidad digital republicana (IDR) en cualquier tipo de trámite administrativo, depurando las responsabilidades que sean necesarias» en los municipios de Vic, Olvan, Amposta, Santa Eugènia de Berga, Bescanó, Torres de Segre, Artés, Arbúcies, Amer, Sant Pol de Mar y Sant Feliu de Pallerols; localidades que han suscrito convenios con el autodenominado consell de la república.
La utilización de la identidad digital republicana (IDR) para la gestión de trámites municipales es ilegal y excede completamente la competencia de los ayuntamientos. Por ello, SCC insta al presidente de la Generalitat -representante ordinario del Estado en Cataluña- a dar cumplimiento a la legalidad vigente y velar por el uso exclusivo del Documento Nacional de Identidad (DNI) español como único documento oficial reconocido para la identificación personal en cualquier trámite administrativo municipal.
Los acuerdos adoptados por los mencionados municipios se inmiscuyen en el ámbito de las competencias del Estado Español pretendiendo constituir una identidad digital catalana diferenciada de la española, que resulta del todo incompatible con lo que preceptúa el artículo 1 de la Constitución Española.
Existen precedentes jurídicos en casos similares. En el año 2003, en el País Vasco y Navarra se resolvieron recursos contencioso-administrativos presentados por la Abogacía del Estado contra acuerdos municipales referentes a la expedición de lo que se denominó documento de declaración de la nacionalidad vasca. Los tribunales declararon la nulidad de estos acuerdos municipales por ser contrarios a la competencia exclusiva del Estado en materia de expedición de documentos de esta naturaleza. Societat Civil Catalana solicita ser informada de manera precisa acerca de las acciones emprendidas para restablecer la legalidad en los municipios involucrados.
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