PSC: aulas de chapa, presupuestos de oro

Que cientos de colegios e institutos catalanes sigan dependiendo de unos novecientos barracones escolares para dar clase a miles de alumnos revela un problema sangrante de gestión pública. La imagen de niños pasando frío en invierno y calor sofocante en verano dentro de módulos prefabricados contrasta fuertemente con la retórica de excelencia institucional que se pregona desde los despachos del Gobierno autonómico. No estamos ante un fallo puntual de infraestructuras, sino ante la constatación de que la educación básica nunca ha ocupado para el PSC el lugar prioritario que le corresponde en la asignación de los recursos de todos los contribuyentes.

Mientras las familias aguardan durante años promesas incumplidas de ladrillo y hormigón, el dinero público fluye con sorprendente generosidad hacia partidas cuya rentabilidad social resulta dudosa. Las constantes inyecciones financieras para sostener la maquinaria audiovisual del régimen, contratando de manera recurrente a productoras afines al proyecto independentista, demuestran dónde están puestas realmente las urgencias políticas. La televisión pública no solo encarece su estructura día a día, sino que actúa como una agencia de colocación e ideología que absorbe partidas presupuestarias que bien podrían servir para edificar colegios dignos.

El desvío de atención y fondos no acaba en la pantalla. Las subvenciones millonarias a entidades privadas que persiguen y acosan el uso del español en el ámbito público y comercial representan otra fuga incomprensible de capital. Financiar plataformas dedicadas al señalamiento lingüístico mientras los estudiantes locales acuden a aulas provisionales es una aberración presupuestaria. Se prima la agenda del enfrentamiento identity y el control ideológico por encima del bienestar evidente y la calidad del entorno de aprendizaje de las futuras generaciones.

A esta red de clientelismo interno hay que sumar la costosa proyección exterior de la Generalitat. El entramado de «embajadas» desplegadas por medio mundo consume recursos cuantiosos en alquileres de representación, personal diplomático sin competencias reales y propaganda política internacional. Mantener sedes diplomáticas paralelas que no aportan ningún beneficio económico tangible ni administrativo a la ciudadanía común es un lujo propagandístico que Cataluña, con sus cuentas tensionadas y sus servicios esenciales con carencias, sencillamente no se puede permitir.

Esta desconexión entre las necesidades reales de los ciudadanos y el gasto identitario deja en evidencia una falta alarmante de rigor en la administración de las arcas autonómicas. La izquierda al frente de las instituciones ha optado por alimentar la maquinaria burocrática e ideológica heredada, consolidando un modelo donde el adoctrinamiento y el aparato político se imponen a las infraestructuras sanitarias o educativas básicas. No se trata de una falta de ingresos globales en la región, sino de una nefasta jerarquización de las prioridades de gasto.

Resulta inasumible que la solución recurrente sea resignarse a la proliferación de barracones como si fuesen equipamientos definitivos. Cataluña necesita una enmienda a la totalidad en su gestión presupuestaria, cerrando el grifo del gasto superfluo y recentrando la inversión en lo verdaderamente determinante: escuelas dignas, sanidad eficiente y servicios públicos de calidad. Todo lo demás es mero artificio ideológico financiado a costa del esfuerzo fiscal de unos ciudadanos que merecen respuestas y no más excusas.

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