Mientras Pablo Casado sube el tono de sus críticas contra el Govern separatista de Pere Aragonès, mira para otro lado en Galicia, donde gobierna con mayoría absoluta el Partido Popular.
Un decreto autonómico establece el uso de la lengua propia «con carácter general» en estos supuestos. El español, añade el decreto, ha de limitarse a «circunstancias excepcionales» y «debidamente justificadas».
Media docena de docentes, que además acusan a la Xunta de interpretar la norma «en sentido impositivo», batallan en los tribunales para poder redactar documentos en castellano.
Fernando Arenas, Emilio Álvarez y Manuel Francisco, batallan contra las imposiciones lingüísticas que trata de imponer el Partido Popular en Galicia.
La Consejería comenzó una campaña de presión hacia los profesores que usaban el castellano común con citas a inspección y visitas de inspectores y altos cargos de educación al centro, para atajar el “problema”. La administración les dejó claro que, además de las programaciones, cualquier plantilla o documento que se remitiese al centro tendría que escribirse en idioma gallego, y lo mismo comunicados interdepartamentales en los que se da cuenta de la evolución académica de los alumnos. Después llegaron las amenazas de incoar expediente disciplinarios.
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