Los medios de comunicación y redes sociales llevan meses alertando de una realidad que pone los pelos de punta a los propietarios de primeras y segundas residencias porque su indefensión es total ante el fenómeno de la ocupación ilegal. Cerrar a cal y canto tu vivienda ya no es sinónimo de garantía y salvaguarda de lo que es tuyo, sino que en cualquier momento tus pertenencias pueden ser adquiridas por cualquiera que pasaba por ahí.
Las denuncias por okupación de inmuebles se han incrementado en España un 40,9% en cuatro años, pasando de 10.376 hechos reconocidos por las Fuerzas de Seguridad en 2015 a los 14.621 en 2019. Todo apunta que las cifras de este año no pintan nada bien si tenemos en cuenta que el aumento en el primer semestre de este año las denuncias se han incrementado un 5% con relación al mismo periodo de 2019.
La situación actual preocupa especialmente porque atenta contra el derecho a la propiedad privada, afecta gravemente a la convivencia vecinal y pone en grave peligro la seguridad de las personas y bienes. Lo que ya es problemático en sí mismo hay que añadirle además la existencia de mafias organizadas que realizan okupaciones de diversos inmuebles en barrios concretos que se utilizan en ocasiones para otras actividades delictivas.
Ante esta grave intromisión, los gobiernos de turno tienen la obligación de dar respuesta a este desafío a través de la gestión de los parques de vivienda pública y los acuerdos con entidades financieras que les cedan pisos vacíos. En ningún caso, el derecho a disponer de una vivienda digna pasa por la intromisión a la propiedad privada y mucho menos en dar facilidades a los okupas como las que propone, sin ir más lejos, el tripartito de la Paeria regularizando el suministro de agua a las familias que viven en pisos okupados en situación de vulnerabilidad o de convertir en activos los pisos vacíos de propietarios para ofrecerlas a familias que tienen dificultades para acceder a una vivienda. Todo el mundo tiene derecho a dormir bajo techo pero no a costa del sudor de los demás y encima, por imperativo legal.
Ante la gravedad de la situación, el Partido Popular ha presentado una proposición de ley que formula medidas pioneras antiokupas que pivotan sobre tres ejes: en primer lugar, la agilización del proceso penal en el que la Policía podrá actuar en un plazo exprés de 24 horas sin necesidad de esperar varios meses como ocurre actualmente y reforzando el delito de usurpación, pasando de una multa a pena de privación de libertad de uno a tres años; en segundo lugar, la ampliación de la reforma de los procesos para dotar de la misma agilidad en la recuperación de los inmuebles con titularidad jurídica; y finalmente, en la propuesta del PP se define de forma clara qué es la ocupación ilegal impidiendo que la casa ocupada tanga consideración de morada. Esta Proposición de Ley no regula los desahucios hipotecarios ni arrendaticios, ni tiene como objetivo regularizar los conocidos “precarios”.
Marisa Xandri / Presidenta del PP Lleida y concejal en la Paeria
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