Cataluña vuelve a ser escenario de graves episodios de inseguridad ciudadana que, para muchos, evidencian la falta de firmeza política del Govern y, especialmente, de la Conselleria de Interior. La ciudad de Lérida vivió en apenas unas horas no uno, sino dos enfrentamientos entre bandas armadas con cuchillos, palos y piedras, que se atacaron en plena vía pública sin que se produjera ninguna detención ni se presentaran denuncias posteriores.
Los hechos – que han sido desvelados por el digital ‘El Caso’ – comenzaron este viernes, alrededor de las cinco de la tarde, cuando dos grupos —uno formado por personas de etnia gitana y otro por individuos de origen magrebí— protagonizaron una violenta pelea en la plaça del Dipòsit. El alcalde socialista Félix Larrosa ha vuelto a demostrar que no controla la seguridad en una ciudad cada vez más insegura.
Varias personas iban armadas con palos y el enfrentamiento dejó al menos un herido con una brecha en la cabeza, que tuvo que ser trasladado al hospital. Cuando los Mossos d’Esquadra llegaron al lugar, solo encontraron a la víctima y, al no localizar a los implicados, abandonaron la zona pese a que la tensión seguía latente.
Lejos de resolverse, el conflicto estalló de nuevo durante la madrugada, hacia las tres, en el mismo punto. Esta vez los grupos volvieron a enfrentarse, presuntamente con la participación de decenas de personas y utilizando también navajas y cuchillos. La situación obligó a una nueva intervención de los Mossos d’Esquadra y de la Guardia Urbana para evitar consecuencias más graves. Sin embargo, al igual que por la tarde, los agentes solo hallaron a los heridos —dos jóvenes con lesiones en la nariz y las orejas— y no se practicó ninguna detención.
Tras el segundo incidente, los cuerpos policiales optaron por mantener vigilancia en la zona para prevenir un tercer enfrentamiento, una medida que, según voces críticas, refleja una actuación reactiva más que preventiva. Estos episodios reavivan el debate sobre la creciente sensación de inseguridad en Cataluña y sobre la capacidad del Govern para garantizar el orden público.
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