La gestión del Gobierno de Pedro Sánchez ante las catástrofes naturales que ha vivido nuestro país en los últimos meses —la DANA en la Comunidad Valenciana y los devastadores incendios en Galicia, Castilla y León y Extremadura— ha vuelto a generar fuertes críticas por parte de la oposición y de amplios sectores sociales. Lejos de ser una respuesta eficaz y cohesionadora, muchos ven en la actitud del Ejecutivo una estrategia para sacar rédito político de la tragedia y utilizar el sufrimiento de miles de ciudadanos como arma para debilitar a los gobiernos autonómicos del Partido Popular.
En lugar de ofrecer una reacción inmediata y solidaria, el Gobierno optó por presentar, a destiempo, un gran “pacto de Estado” contra el cambio climático, más enfocado en el marketing político que en medidas concretas. Desde las comunidades más afectadas denuncian que Sánchez ha priorizado su relato mediático por encima de la coordinación real con las autoridades locales. Mientras las llamas arrasaban hectáreas enteras, Moncloa se dedicaba a señalar culpables autonómicos y a deslindarse de responsabilidades.
La actitud del Ejecutivo ha sido especialmente agresiva hacia los presidentes autonómicos del PP, a quienes ha acusado de buscar el enfrentamiento en lugar de centrarse en apagar incendios. Esta línea de confrontación, verbalizada por miembros del Gobierno como Óscar Puente, ha sido vista por muchos como una maniobra para desviar la atención de la pasividad inicial del Ejecutivo central. En plena emergencia, Sánchez y su entorno optaron por atacar a las comunidades en lugar de actuar con celeridad y cooperación.
El ambiente político se tensó aún más con declaraciones como la del dirigente del PP, Elías Bendodo, quien calificó de “pirómana política” a la directora general de Protección Civil, Virginia Barcones Aunque el comentario fue polémico, refleja el malestar de la oposición ante una gestión que consideran arrogante y carente de autocrítica. El PSOE, en lugar de centrarse en la emergencia, exigió rectificaciones y desvió el debate hacia lo simbólico, eludiendo el fondo del problema: la inacción.
El Gobierno insiste en que no puede intervenir directamente sin una petición formal de las comunidades. Sin embargo, esta justificación ha sido interpretada como una excusa para lavarse las manos. La burocracia no puede ser obstáculo cuando hay vidas en peligro. La falta de anticipación, la escasa interlocución con las regiones afectadas y el uso partidista de los medios públicos han agravado la sensación de abandono en muchas zonas.
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