El independentismo ha recibido este lunes un nuevo varapalo judicial. En esta ocasión los destinatarios son los empresarios detenidos en la operación Volhov.
El juez ha rechazado investigar las escuchas telefónicas de la causa que las defensas vieron «ilegales» al entender que «no está el menor indicio» que, al acordarlas, cometiera un delito de revelación de secretos.
La solicitud llegaba de Gonzalo Boye, abogado de referencia del independentismo y en esta ocasión ejerciendo la defensa de Josep Lluís Alay, mano derecha del prófugo Carles Puigdemont y que está siendo investigado por presunta malversación.
El juez de Barcelona deniega la deducción de testimonio de particulares por la difusión en los medios de comunicación de noticias relacionadas con el caso, y recuerda que el caso no se encuentra bajo secreto de sumario, por lo que no hay ningún delito de revelación de secretos.
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