El empeño del Gobierno central por internacionalizar la oficialidad del catalán ha vuelto a estrellarse contra el muro de la legalidad comunitaria. El Consejo de Asuntos Generales de la Unión Europea ha dejado claro este martes que el año 2026 tampoco traerá consigo la ansiada inclusión de esta lengua en las instituciones europeas.
La actual presidencia rotatoria, en manos de Irlanda, ha despachado el asunto con absoluta contundencia. El ministro irlandés de Asuntos Europeos, Thomas Byrne, ha advertido desde Bruselas que el debate sería breve y totalmente infructuoso, descartando cualquier avance efectivo en esta materia.
Las palabras de Byrne confirman el fracaso de la estrategia diplomática diseñada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Lejos de lograr los apoyos necesarios, el representante español se ha limitado a cumplir con un trámite rutinario que ya nace muerto ante la falta absoluta de consenso entre los Estados miembros.
Desde el punto de vista técnico, los servicios jurídicos de la Unión Europea han vuelto a desmontar los argumentos de Moncloa. Al contrario de lo que sostiene el Ministerio de Exteriores, la institución europea insiste en que la medida exige una reforma en profundidad de los tratados vigentes.
El choque técnico gira en torno al Tratado de Lisboa y el Tratado de Funcionamiento de la UE. Mientras el Gobierno español defiende una vía rápida basada en la unanimidad reglamentaria, los juristas comunitarios exigen modificar el artículo 55 para ampliar el abanico de lenguas oficiales.
Esta discrepancia pone de manifiesto la improvisación con la que el Ejecutivo socialista gestiona un asunto de esta envergadura. Las promesas lanzadas a bombo y platillo a sus socios independentistas chocan sistemáticamente con la exigencia y el rigor de los procedimientos europeos.
La negativa europea no es nueva, pero sí evidencia el desgaste de una reivindicación utilizada de forma partidista. El separatismo catalán exige contrapartidas imposibles, y el Gobierno de coalición acepta tensionar la diplomacia española con tal de asegurar su frágil supervivencia parlamentaria en Madrid.
La realidad de Bruselas contrasta dolorosamente con el relato propagandístico que se traslada desde la Moncloa. Los socios comunitarios observan con recelo una petición que consideran un peaje político interno y que genera profundas dudas sobre su coste y su viabilidad administrativa real. El resultado es un estancamiento perpetuo que deja en evidencia la falta de peso de la diplomacia española en los grandes foros de decisión. Cada semestre se repite el mismo guion de falsas expectativas y portazos institucionales que erosionan la credibilidad del Estado.
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