Poco a poco nos acercamos al ‘otoño caliente’ con el que amenaza el secesionismo más radical, para reivindicar el intento de golpe de Estado secesionista y la libertad de los políticos en prisión preventiva, que si se cumple lo previsto, recibirán condenas más que contundentes.
El 27 de octubre de 2017 el Parlament proclamó una ‘fake’ República catalana consistente en ni siquiera arriar la bandera de España del Palacio de la Generalitat. Fue una payasada, pero una payasada con repercusiones jurídicas.
Porque por mucho que fuera una ‘performance’, los secesionistas le dotaron de la solemnidad de votarla y de proclamarla en el Parlament. Por lo que han de afrontar las consecuencias de violar la normativa vigente de un país democrático como España, y por mucho que levanten la voz, sus ‘presos políticos’ son ‘presos comunes’, porque se les juzga por presuntos delitos, no por sus ideas.
La tipificación de los delitos es materia de los jueces, pero lo que queda claro que lo que pasó fue el intento de escenificar un desafío a todos los españoles, rompiendo España y privando a millones de catalanes no secesionistas de sus derechos políticos.
En este tiempo que ha pasado desde la DUI el secesionismo ni ha pedido perdón, ni ha hecho una reflexión seria sobre sus errores. Al contrario, sigue anclado en el relato falso de una teórica legitimidad conseguida a partir de la consulta del 1 de octubre, que fue cualquier cosa menos un referéndum democrático.
Mientras los secesionistas no reculen y recapaciten sobre la conveniencia de respetar el Estado de derecho, no habrá solución posible para rebajar la tensión que existe hoy en día en la sociedad catalana. Y no cabe ni componendas, ni intentar ser “comprensivos” con los que siguen respaldando el desafío a nuestro sistema democrático.
Comentario editorial de elCatalán.es
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