Ir a Andorra era una experiencia agradable: esquiar, pasear por sus valles, aprovechar para comprar quesos, tabaco o licores… Pero el Gobierno de Andorra se ha apuntado a la moda del supremacismo catalán de perseguir el uso de la lengua española. Con la excusa de que el catalán es la «lengua oficial» van a multar a los comercios cuyos dependientes se dirijan a los clientes en español o en francés. Solo podrán hacerlo en catalán.
La ministra de ‘Cultura’ – lo de ‘cultura’ debe ser una broma, dedicándose a la persecución lingüística – es Mónica Bonell. Y ha utilizado una entrevista en la radio pública de ese país para amenazar a las empresas cuyos dependientes nos usen el catalán con multas entre seiscientos y diez mil euros. La persecución comenzará el próximo 1 de enero.
Se supone que Andorra cree en la libertad de empresa, y se supone que la relación entre comercio y cliente debería ser una cuestión privada – si no te gusta la lengua en la que atienden, cambias de tienda y ya está -, que lo de «lengua oficial» es para ámbitos como la educación o la relación con la administración. Máxime en un país como Andorra, tan «liberal» en ámbitos como el financiero.
Pero como la entidad separatista catalana Plataforma per la Llengua – la que espía en que lengua hablan los niños catalanes en los patios sin tener permiso de los padres – ha abierto una delegación en Andorra, e hizo público un estudio sobre el – según ellos – escaso uso del catalán en los comercios, el Gobierno andorrano se ha lanzado por la senda de la persecución lingüística.
Mal hace el Gobierno andorrano en amenazar a las empresas con poner multas de hasta diez mil euros por usar el español. Andorra es un país próspero y debería tomar nota de los estragos económicos que ha vivido la comunidad autónoma catalana por las locuras supremacistas de los independentistas. De momento, si el Gobierno andorrano se empeña en una deriva hispanófoba, bien harían ustedes en plantearse no pisar ese país. Si no nos quieren, peor para ellos.
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