Comentario editorial de elCatalán.es
Los secesionistas se creen en posesión de una falsa superioridad moral que les lleva a repartir carnets de “buenos” y “malos catalanes” y a señalar quién es y quién no es un extremista.
Los millones de catalanes que no somos independentistas hemos tenido que soportar que cargos públicos, diputados, dirigentes políticos y comunicadores a sueldo del secesionismo nos llamen “ultras”, “fachas” o “fascistas” por no tener sus mismas ideas políticas. De repente, Joan Manel Serrat, Isabel Coixet, Albert Rivera, Miquel Iceta, Joan Coscubiela, Xavier Sardà, Rosa Maria Sardà, Inés Arrimadas o Alejandro Fernández, entre otros, son poco menos que ultraderechistas, y han sido linchados moralmente en las redes sociales.
Este sábado le partieron la cara en Torroella de Montgrí a un concejal de Cs en Blanes. Y a Carlos Carrizosa y al resto de la comitiva de la formación naranja una turba secesionista no les golpeó porque los Mossos, que ese día cumplieron con su deber, tuvieron que emplearse a fondo. El separatismo radical ha decidido que quienes no piensen como ellos no pueden expresarse públicamente y va a por todas: montando algaradas y a hostia limpia.
Al PP, Cs o PSC les han atacado docenas de sedes. A Cs o al PP no hay fin de semana que no amenacen a sus militantes en las carpas que instalan por toda Cataluña. A los voluntarios de Societat Civil Catalana les hostigan cuando también se instalan en la vía pública. La mesa que Barcelona con la Selección instala cada semana ha sido acosada en varias ocasiones. A dirigentes del PSC les han marcado sus domicilios particulares o su local profesional. A un concejal de Cs en Sitges le apedrearon su domicilio. A Tomás Guasch o a Albert Boadella les han pintado sus casas. A Vox le hostigan cada dos por tres… entre centenares de casos producidos en los últimos años.
¿Qué hay ultraderechistas españolistas que pegan? Sí existen, y son una minoría que no gozan del apoyo del 99% del constitucionalismo catalán. Pero los radicales secesionistas que ejercen la violencia física y moral son más y gozan del apoyo y de las simpatías de buena parte de las administraciones catalanas. Y de sus voceros.
Los violentos de la ultraderecha “españolista”, que son muy minoritarios, son repudiados por los partidos y las asociaciones constitucionalistas. Los violentos secesionistas gozan de impunidad por parte de muchos mandos de la policía autonómica (la Generalitat ha destituido a dirigentes de los Mossos por cargar contra radicales separatistas que querían linchar a catalanes no independentistas con motivo del día de la Constitución).
También disfrutan de apoyo mediático en los medios de comunicación que dominan, que son los más importantes de Cataluña, porque el “alerta ultra” que tanto difunden ante presuntos ataques ultraderechistas no lo hacen cuando los que pegan son de otro signo. Cuando son los «suyos», los llamados «antifascistas», miran hacia otra parte.
Se ve que las “hostias” son menos “hostias” y se convierten en “autodefensa justificada” cuando las da un señor o una señora encapuchada que blande la estelada. Pero no, los violentos son violentos, sea cual sea la bandera que dicen “defender”.
Pero si el relato independentista asegura que España es un país pseudofranquista y semidictatorial, y deshumaniza a los catalanes que se sienten españoles tachándoles de ‘colonos’ o ‘traidores’, lo siguiente es justificar a los que usan los puños y los cócteles molotov para “defender” la “República catalana”. El “alerta ultra” se ha generalizado para insultar y practicar escraches al partido que ganó las elecciones en Cataluña, como en Torroella de Montgrí. Basta con consultar las redes sociales.
Para empeorar el tema ha Generalitat ha nombrado hace unas semanas director de la Oficina de Derechos Civiles y Políticos, que debería defender los derechos cívicos de todos los catalanes, a Adam Majó, un radical que ha sido miembro de la CUP diecisiete años y que en redes sociales ha vinculado a Pablo Casado o a “Extremadura” con la extrema derecha. Este político encarga informes en el que “investiga” la “violencia” de la ultraderecha “españolista”. De sus ex amigos de la CUP y Arran nada dice, a pesar que sus hazañas “antifascistas” se producen cada fin de semana.
Es normal. Si el presidente de la Generalitat es Quim Torra, al que Pedro Sánchez llegó a denominar “el Le Pen español” por unos artículos de marcado tono supremacista que publicó en el pasado, no es de extrañar que quien debería defender los derechos cívicos de todos los catalanes sea un radical que muestre su desprecio hacia casi todo lo español. Basta con leer sus redes sociales.
El secesionismo defiende que la sociedad catalana no está dividida. Y desde su punto de vista es normal. Considera que los catalanes que no somos independentistas no somos dignos de ser catalanes, por lo tanto, no somos “sociedad catalana”.
Así que de dividida nada, para los independentistas los catalanes serían el 47% que votan “correctamente”, por lo tanto están muy “unidos”. El otro 53% no seríamos “sociedad catalana”, oscilaríamos entre “infraseres”, “extranjeros” o, directamente, “la nada”.
Despreciar a más de la mitad de la población de tu tierra no puede llevar nunca a nada bueno. Y cuando, por poner el ejemplo más paradigmático, al partido que ha ganado las elecciones catalanas (Cs) se le llama continuamente “fascista” por buena parte del independentismo, y se le hostiga y se intenta golpear a sus dirigentes cada vez que intenta organizar un acto público, es que el independentismo ha decidido acabar con la media Cataluña que le molesta, la que no piensa como ellos.
Cuando no se reconoce que el adversario político tiene los mismos derechos que tú, y se le deshumaniza, se está a un paso de la explosión social. Cuando los que ponen lazos amarillos son poco menos que “héroes” para los medios de comunicación de la Generalitat y los que los quitan son “fascistas”, es que la división entre “catalanes de verdad” y “seres de segunda” ya ha quedado fijada en buena parte de la población catalana, la secesionista.
Y que los radicales encapuchados secesionistas que gustan de quemar contenedores busquen la explosión social tiene cierta lógica. Pero que desde las instituciones catalanas se dé alas a estos comportamientos solo puede llevar a la muerte civil de una sociedad. Y recordemos que en Cataluña quien controla la Generalitat, las cuatro diputaciones y la mayoría de ayuntamientos y consejos comarcales no es el constitucionalismo.
Si el secesionismo gobernante no rectifica, la legitimidad de las instituciones catalanas quedará aniquilada a ojos de un amplio sector de la sociedad catalana por el sectarismo que han demostrado en los últimos años. José María Aznar se equivocó mucho durante su ejecutoría política, pero dijo una verdad como un templo: “antes que España, se romperá Cataluña”. Los separatistas ya lo han conseguido. Ahora solo falta que esa Cataluña rota no pase a mayores.
Ojalá sea así. La destitución de Adam Majó, para poner al frente de la Oficina de Derechos Civiles y Políticos de la Generalitat a alguien que realmente pueda unir a todos los catalanes e investigue para luchar contra todas las violencias, y no para hacer agitación y propaganda secesionista, sería un primer gesto.
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Sergio Fidalgo relata en el libro 'TV3, el tamborilero del Bruc del procés' como a los sones del 'tambor' de la tele de la Generalitat muchos catalanes hacen piña alrededor de los líderes separatistas y compran todo su argumentario. Jordi Cañas, Regina Farré, Joan Ferran, Teresa Freixes, Joan López Alegre, Ferran Monegal, Julia Moreno, David Pérez, Xavier Rius y Daniel Sirera dan su visión sobre un medio que debería ser un servicio público, pero que se ha convertido en una herramienta de propaganda que ignora a más de la mitad de Cataluña. En este enlace de Amazon pueden comprar el libro.
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