El independentismo siempre ha vendido el mantra de que el proceso iba de democracia y de libertad, pero el tiempo y las pruebas han acreditado que es un movimiento reaccionario y sectario. Durante el golpe a la democracia que perpetraron los partidos independentistas fueron miles las empresas que tomaron la decisión de abandonar la comunidad autónoma ante la inseguridad que reinaba en aquel momento en el territorio catalán.
Uno de los puntos del acuerdo de investidura entre PSOE y Junts era el del retorno de las empresas que dejaron Cataluña. Varias han sido ya las compañías que han dejado clara su intención de no regresar a la comunidad autónoma catalana, y ante dicha tesitura los secesionistas pretenden sancionarlas, y así se lo han pedido al ejecutivo central.
Dentro de las negociaciones que mantiene el Gobierno para sacar adelante esta semana tres decretos, uno de los puntos que exige Junts es que se sancione a las empresas que no quieran volver a Cataluña. El portavoz y vicepresidente de los secesionistas de Junts, Josep Rius pidió que haya un decreto para justicia, otro para régimen local y así de forma sucesiva en las otras materias que se regulan, como función pública, mecenazgo, el ámbito laboral o la reforma de ley de Sociedades de Capital.
En este último punto Junts quiere que se aprueben incentivos fiscales para las empresas que mantuvieron su sede en Cataluña en el 2017 y aquellas que decidan volver, al tiempo que piden sanciones para las que no lo hagan y tengan el centro operativo en Cataluña. Por el momento, el ejecutivo central considera «inviable» dicha petición de los separatistas, pero ya se sabe que Sánchez uno no puede fiarse en exceso.
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