En los últimos meses, España ha sido testigo de un aumento significativo de actos de sabotaje y agitación llevados a cabo por grupos radicales antisistema. Desde interrupciones en eventos deportivos como la Vuelta Ciclista a España con la excusa del apoyo a Palestina, hasta hostigamientos a turistas en ciudades clave como Barcelona o ataques a carpas informativas de partidos como PP y VOX, estos incidentes han puesto en evidencia un preocupante clima de impunidad que se extiende por todo el país.
El caso más mediático se vivió durante el paso de la Vuelta Ciclista por el País Vasco y Cataluña, donde grupos separatistas y colectivos de ultraizquierda sabotearon el evento con cortes de carretera, pintadas ofensivas y escraches dirigidos a la organización. Lo que debería ser una fiesta del deporte nacional se convirtió en una plataforma de agitación política, tolerada sin consecuencias reales por parte de las autoridades autonómicas.
Barcelona, epicentro habitual de movimientos antisistema, ha visto cómo se intensifican las acciones contra el turismo. Este verano, colectivos radicales han acosado a visitantes extranjeros con eslóganes como «Tourists go home», pintadas en hoteles y ataques a vehículos de alquiler. Todo bajo el pretexto de una lucha contra la “gentrificación” que ha derivado en vandalismo y violencia simbólica, mientras el consistorio que dirige el socialista Jaume Collboni evita actuar con firmeza.
A nivel nacional, carpas informativas de partidos del centro-derecha y derecha como PP y VOX han sido atacadas en diversas ciudades. En varias ciudades, como Barcelona, Madrid o Tarragona se han reportado destrozos en sedes, amenazas a voluntarios en carpas y agresiones físicas. En la mayoría de los casos, los agresores no han sido detenidos, y los hechos apenas generan una respuesta institucional clara o contundente.
Esta escalada de violencia política y social se enmarca en un clima de creciente polarización alimentado desde las propias instituciones. El Gobierno de Pedro Sánchez y su coalición con partidos separatistas y formaciones radicales ha generado una percepción de permisividad hacia la agitación política, siempre que esta provenga de sectores afines o alineados ideológicamente con el Ejecutivo.
Además, la estrategia del PSOE de minimizar estas acciones ha contribuido a normalizar comportamientos que bordean —o directamente cruzan— los límites legales. En lugar de condenas rotundas, muchas veces se opta por justificar o invisibilizar estas conductas, creando un marco favorable para su proliferación.
El riesgo de que España se acostumbre a esta tensión permanente es real. Si no se pone freno a la permisividad política y no se protege el pluralismo frente al chantaje callejero, se corre el peligro de que la radicalidad se consolide como forma legítima de hacer política. Un escenario que debilita la democracia y erosiona la convivencia que tanto ha costado construir.
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Sergio Fidalgo relata en el libro 'TV3, el tamborilero del Bruc del procés' como a los sones del 'tambor' de la tele de la Generalitat muchos catalanes hacen piña alrededor de los líderes separatistas y compran todo su argumentario. Jordi Cañas, Regina Farré, Joan Ferran, Teresa Freixes, Joan López Alegre, Ferran Monegal, Julia Moreno, David Pérez, Xavier Rius y Daniel Sirera dan su visión sobre un medio que debería ser un servicio público, pero que se ha convertido en una herramienta de propaganda que ignora a más de la mitad de Cataluña. En este enlace pueden comprar el libro.
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