Este pasado martes Junts per Catalunya pretendía aprobar en el Parlament de Cataluña una ILP (Iniciativa Legislativa Popular) para “la entrada en vigor de la ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la República”.
La misma fue vetada por la Mesa del Parlament gracias a los votos de PSC, Ciudadanos y la abstención de Esquerra, lo que les ha valido para recibir todo tipo de insultos en las redes sociales por parte de sus propios «fieles».
Pero además los letrados del Parlament de Cataluña volvieron a propinar un soberano «revés» a los compañeros de viaje del fugitivo Carles Puigdemont, dejando claro que, «aquellas cuestiones sobre las que el Parlament pueda adoptar decisiones por él mismo, sin la intervención de otros órganos del Estado” y “como revela su denominación y expresamente se indica en el preámbulo y el articulado de la proposición de ley, esta no se ciñe al ámbito estricto de las competencias de la Generalitat y no busca la fundamentación en la Constitución o el Estatut, ya que pretende aprobar una declaración de independencia o constituir la República catalana como Estado independiente y soberano«, sentencia un informe de los letrados del Parlamento catalán.
La realidad por mucho que disguste al fugitivo Puigdemont es la que es, y los sueños húmedos de un ex presidente fugado no están por encima de las leyes.
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