Voces extremistas, de todo tipo de orientación, defienden eliminar los límites impuestos por nuestra legislación democrática a la incitación y al discurso de odio. Los extremistas, ya sean derechistas, izquierdistas o independentistas, reclaman un alcance ilimitado de sus manifestaciones de intolerancia sabiendo que dañan mortalmente la convivencia democrática.
Nuestra Constitución y los Tratados Europeos no lo permiten y el mismo Consejo de Europa, desde 1997, pide luchar contra el discurso de odio que “abarca todas las formas de expresión que propaguen, inciten, promuevan o justifiquen el odio racial, la xenofobia, el antisemitismo u otras las formas de odio basadas en la intolerancia, incluida la intolerancia expresada por agresivo nacionalismo y el etnocentrismo, la discriminación y la hostilidad contra las minorías, los inmigrantes y las personas de origen inmigrante”.
Llamamos la atención sobre lo sucedido en la Universidad Autónoma de Barcelona cuando un grupo de extremistas, usando la fuerza, sabotearon libertades fundamentales en un acto organizado por la asociación de jóvenes S´HA ACABAT!, donde la hostilidad, el acoso, los insultos y el uso de la fuerza acompañaron a la difusión de estereotipos negativos hispanófobos y la estigmatización junto con amenazas por motivos ideológicos hacia personas de asociaciones y partidos constitucionalistas, recordando que: “Libertad de expresión, no es libertad de agresión”.
Pedimos a la Fiscalía General que sea más proactiva, recordando que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal Supremo hicieron suyo que: “La tolerancia y el respeto de la igual dignidad de todos los seres humanos constituyen el fundamento de una sociedad democrática y pluralista. De ello resulta que, en principio, se puede considerar necesario, en las sociedades democráticas, sancionar e incluso prevenir todas las formas de expresión que propaguen, inciten, promuevan o justifiquen el odio basado en la intolerancia, del mismo modo que la libre exposición de las ideas no autoriza el uso de la violencia para imponer criterios propios” (STEDH de 16 de julio de 2009, caso Féret c. Bélgica).
Señalamos que “el discurso de odio precede a la acción”, por lo que aquellos grupos extremistas que piden la supresión de “Leyes Mordaza”, al querer acabar con los límites de la legislación democrática a sus abusos, evidencian un camino peligroso al poner en peligro a personas, sectores de población en riesgo y a la misma convivencia democrática.
Movimiento contra la Intolerancia pide a los partidos políticos democráticos un compromiso efectivo CONTRA EL DISCURSO DE ODIO y los hechos de fanatismo, hostilidad y violencia que desata, requiriéndoles un refuerzo de la legislación y la extensión de las sanciones de manera efectiva contra toda incitación y acciones que promuevan el odio basado en la intolerancia al diferente.
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