Joan Laporta vuelve a transitar por los pasillos judiciales, una estampa que empieza a ser demasiado familiar para el entorno azulgrana. El dirigente ha comparecido ante el Juzgado de Instrucción número 22 de Barcelona como investigado por una presunta estafa agravada. La querella nace de una inversora que reclama 100.000 euros destinados a proyectos empresariales vinculados al Reus Deportiu y a una academia de fútbol en el mercado asiático.
La defensa del mandatario catalán se ha basado en un desconocimiento absoluto de los hechos denunciados. Ante la magistrada, Laporta ha negado tajantemente haber tenido contacto alguno con la demandante. También ha rechazado la existencia de cualquier contrato firmado por él en representación de las sociedades señaladas. Es el primer cortafuegos de una estrategia diseñada para blindar su imagen pública y la de la institución que preside.
El núcleo de la trama se divide entre Barcelona y Hong Kong a través de las mercantiles Core Store y CSSB Limited. Según el relato judicial, estos fondos debían impulsar negocios deportivos que terminaron en vía muerta. Laporta ha subrayado que su desvinculación de Core Store se produjo ya en el año 2019. Esta empresa, además, se encuentra bajo la lupa de la Agencia Tributaria por otras irregularidades fiscales.
La comparecencia ha servido para que Laporta señale a Joan Oliver. El que fuera director general del club durante el primer mandato de Laporta y propietario del extinto CF Reus Deportiu es, según el presidente, quien lideraba estas operaciones. Esta maniobra de distracción traslada toda la carga de la gestión y la firma de documentos a su antiguo colaborador de máxima confianza.
El «modelo Laporta» vuelve a quedar bajo sospecha por su gestión de sociedades en paraísos o zonas de baja tributación como Hong Kong. No es la primera vez que los negocios personales del abogado barcelonés se mezclan con su red de influencias deportivas. Aunque él intente presentarse como un ajeno a la gestión operativa, la justicia deberá determinar si hubo una omisión deliberada de control sobre su socio.
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