Andorra, país que vive en buena medida del turismo, comenzará a perseguir a las empresas que no cumplan con la ley que marca que los dependientes de los comercios se han de dirigir a los clientes en catalán. Las multas se impondrán a partir del 1 de enero de 2025 y oscilarán entre los seiscientos y los diez mil euros.
«Ya hemos empezado a advertir a las empresas», ha amenazado la ministra de Cultura y Deportes de Andorra, Mónica Bonell, en una entrevista en la radio pública de este país. Andorra tiene el catalán como única lengua oficial.
Bonell aseguró que la ley que busca blindar el catalán no solo regula cómo han de dirigirse los dependientes y camareros a los clientes, sino también dicta que la rotulación de los comercios ha de estar en catalán.
Añadió que «a partir de enero cambiaremos la forma de actuar respecto a cómo lo venimos haciendo hasta ahora», y recordó el régimen sancionador, que ha sido notificado a las empresas de este país para que sepan que usar el español en la relación con los clientes será perseguido con multas económicas.
Hace unas semanas Plataforma per la Llengua, entidad hispanófoba que se dedica al chivateo lingüístico contra el español en Cataluña, abrió una delegación en Andorra, y su presión ha facilitado la campaña del Gobierno del Principado contra la lengua castellana.
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