La ofensiva contra el castellano que desde hace años ha emprendido el secesionismo contra el castellano, que ha tenido su último capítulo en la enmienda pactada en el Congreso de ERC con el PSOE para que la Ley Celaá elimine la condición del español como lengua vehicular de la enseñanza, es un ataque contra los derechos civiles de los ciudadanos.
Es indigno que millones de catalanes vean que su lengua materna, el castellano, es ignorada y pisoteada por instituciones como la Generalitat o el Ayuntamiento de Barcelona, que relegan su uso al máximo posible, cuando no la persiguen.
Lo que está pasando en muchas escuelas catalanas, sobre todo en las públicas, es digno de un país totalitario. Que entidades separatistas generosamente subvencionadas por las administraciones controladas por el secesionismo intenten obligar a los niños a que no usen el español en la escuela, incluyendo los patios, roza el totalitarismo más despreciable.
Ahora que se acercan unas elecciones autonómicas en Cataluña hemos de exigir a los partidos políticos no separatistas que defiendan los derechos civiles de los catalanes castellanohablantes, para que puedan escoger la lengua vehicular en la que quieren educar a sus hijos y para que las administraciones respeten sus derechos lingüísticos.
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