La presidenta de la misión del Parlamento Europeo a Cataluña sobre la discriminación del castellano, Yana Toom (Renew Europe), ha calificado de problema que los padres que quieren educación también en español deban acudir a los tribunales para obtenerla, lo que “provoca exclusión social, intimidación o acoso a niños y padres”. Una vez llegan las sentencias, además, “no se aplican por la administración autonómica”, lamentó.
En rueda de prensa tras los tres días de trabajo en Cataluña, la eurodiputada liberal ha defendido que la delegación de esta misión ha sido plural en su composición y en sus encuentros, con las familias peticionarias, centros educativos, profesores, jueces y la administración educativa. Toom ha explicado que se llevan a Bruselas «muchas preguntas», porque no han obtenido toda la información que necesitan, y que esperan recibir respuestas ahora por escrito, con el objetivo de redactar el informe final en el plazo de 3 meses.
La eurodiputada de CS Maite Pagaza, que también ha formado parte de esta misión, ha asegurado que espera el informe de conclusiones que responda a la petición de ayuda de estas familias y que este es un problema de derechos fundamentales, de separación de poderes y de la posible arbitrariedad de una administración pública.
Yana Toom ha ofrecido las principales conclusiones de los encuentros que han tenido los eurodiputados. “Los padres han dejado claro que lo que buscan es el derecho de recibir educación en español. Esto no se implementa erga omnes. Los que quieren tener español en el colegio de sus hijos, tienen que dirigirse a los tribunales”, ha explicado Toom. Con respecto a los jueces, “han dicho que es responsabilidad de las autoridades públicas, no de las familias, la garantía de ese derecho” a la educación en catalán y español, y que algunos padres han sido víctimas de discurso del odio.
La eurodiputada ha expresado también las “reservas” de los eurodiputados por la presencia de un miembro de la Generalitat en las visitas a los centros educativos que han realizado, porque “intervino en muchas ocasiones para clarificar lo que decían los directores”. Con respecto a los encuentros con la administración catalana, ha señalado que quedan muchas preguntas sin respuesta, como cuántos alumnos reciben el 25% en castellano, información que no han obtenido y esperan tener datos por escrito antes de preparar el informe final. “Hay muchas preguntas y queremos respuestas”, ha dicho.
“La comisión PETI es la única a la que los ciudadanos pueden dirigir sus quejas. Nuestra primera misión es reunirnos con los peticionarios y la Generalitat, que representa a la mayoría de catalanes y profesores. Yo creo que hemos tenido una visión bastante clara. La discriminación es un tema de legislación europea, las lenguas minoritarias están en la carta de derechos fundamentales, teníamos que reaccionar y es lo que hacemos siempre”, ha resumido la eurodiputada liberal, que ha señalado también que ella es estonia y que los estonios protegen su idioma por ser muy minoritario, pero que a su juicio el catalán “no está en peligro”.
Por su parte, Maite Pagaza ha asegurado que esta misión busca aclarar cuestiones “sobre derechos fundamentales, la posible arbitrariedad de la administración y la separación de poderes”, sobre las que la UE es competente, y que espera que el informe de conclusiones de los eurodiputados responda a la petición de ayuda de las familias afectadas por el incumplimiento del 25% de español en la escuela pública. “Una parte de las personas con quienes nos hemos reunido consideran que la ley está para cumplirla si están de acuerdo con ella, si no, no. Desde un punto de vista europeo y del Estado de Derecho eso es muy extraño», ha señalado.
Ha reiterado que las minorías tienen derechos que hay que cumplir y que si la Generalitat tiene un comportamiento discriminatorio hacia esas minorías, “o alienta algún tipo de exclusión”, Europa tiene que intervenir. La misión parlamentaria, ha añadido, debe llegar a conclusiones sobre todas estas cuestiones porque si se confirman, “la Comisión tendría que advertir al Estado miembro de que no puede existir arbitrariedad o exclusión”.
Pagaza ha destacado que el hecho de que las páginas web, las comunicaciones verbales escritas, y todos los contactos se impongan en catalán con padres y familias, va en contra del derecho de los padres a tener la mejor comunicación posible . “Ellos no son menores de edad y no están dentro de los planes de la administración. Una manera de hacer un buen trabajo con las familias es tener sensibilidad con ellos, entendiendo que su lengua no es tan propia como la que se está intentando promover”, manifestó.
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