El conocimiento de las Asociaciones de Familias de Alumnos, las Federaciones a las que pertenecen, sus actividades y el poder que despliegan como representantes de todos los padres y madres de los alumnos de cualquier Centro Educativo, merecen que la ciudadanía sea informada del papel que estos equipos asociativos juegan en la educación de nuestros hijos, coto reservado para la mayoría de usuarios de la misma: las familias y el alumnado, particularmente en Cataluña.
En Cataluña la segregación del alumnado por origen socioeconómico, nacionalidad, lengua de origen y por necesidades educativas especiales es más elevada que en el resto de España, porque a los problemas generales existentes debe añadirse la manipulación política que el nacionalismo excluyente ha desplegado en todos y cada uno de los centros educativos del mapa escolar regional.
La ciudadanía debe ser informada para poder defender sus intereses educativos y sus derechos. Cataluña puso en marcha proyectos para reducir la segregación escolar) en algunos centros educativos (Escuelas o alianzas Magnet- Fundació Bofill: 5 motivos para ser un partner Magnet, 2021, sin embargo, estos proyectos no estan dirgidos ni creados para el alumnado que los necesita y no han evitado la segregación, el abandono y la discriminación de una gran parte de niños que continúan en barracones y con unas ratios impresionantes de alumnos con alguna vulnerabilidad.
La lectura del artículo de Carina Farreras (2020) evidencia que el Departamento de Educación de la Generalidad sigue negando las condiciones mínimas a una gran parte de familias que son las que en realidad las necesitan. En el artículo aparecen alumnos cuyos padres son señalados como, de clase media, pero ni por asomo responden a los criterios de necesidades socioeconómicas, problemas por razón de nacionalidad, y problemas de comprensión de la lengua vernácula.
Si conoces cómo funcionan los engranajes del sistema educativo en Cataluña comprendes cómo las Asociaciones de Familias se han otorgado, con el beneplácito de la Consejería de Educación, el derecho de servirse de la Escuela o de los Institutos de Secundaria públicos convirtiéndolos en “centros privados” ya que pocos alumnos de padres inmigrados pueden matricular a sus hijos en esos centros y los alumnos castellanohablantes que acuden son ignorados si presentan problemas lingüísticos.
La mayor bajeza, en cuanto al servicio y gestión que deben dar las Federaciones y Asociaciones, lo hemos vivido cuando se han negado a mover un dedo para conseguir que se cumpla la Sentencia del mínimo del 25% en español y catalán, cuando la Plataforma “Escuela de Todos” (liderada por AEB) ha sabido de forma ejemplar e impoluta dar protagonismo a miles de padres que reclaman a una sola voz bilingüismo y sepamos que solo reclaman los derechos lingüísticos de sus hijos.
Las Asociaciones o Federaciones de Familias de Alumnos, cuyas manos mecen la cuna, se encargan a la vez de privatizarla. Convertido en una verdadera oligarquía de poder que cabildea con la élite política para “privatizar” de modo caciquil un sistema educativo excluyente que, como un rodillo, aplasta la espontaneidad de los más pequeños y hastía a los adolescentes hasta que abandonan.
Son los padres de alumnos, en general, los que pueden revertir, esta situación de politización de los centros, públicos y concertados, religiosos y laicos y de monopolio ejercido las Federaciones de Familias, élite poderosa que ostenta cargos en las asociaciones, que es afín al etnicismo excluyente, que condena a la mayoría de familias de alumnos al ostracismo porque no pueden, no están preparados para participar en la educación de sus hijos, no saben que se les somete a una inmersión total, precoz y obligatoria, a una ignorancia de los valores democráticos recogidos en la Constitución de 1978 y en el Estatuto de Autonomía y que impiden que los estudiantes, niños o adolescentes usen su primera lengua y tengan sentimiento de pertenencia abierto y solidario. Se habla con mucha pompa de multiculturalismo, de democracia, de escuelas verdes, de respeto al entorno, pero se olvida totalmente el respeto a las particularidades de las familias, que formamos la comunidad.
La conclusión de todo es que los centros públicos y concertados, cuya existencia se mantiene gracias a la utilización de dinero público, suyo y mío, están potenciando una privatización en el funcionamiento y gestión al servicio de una minoría. Los tentáculos de las Federaciones de Familias, las Plataformas y los Consorcios alcanzan todo el mapa regional para imponer las directrices acordes con el nacionalismo, pero no con la Ley.
Sociólogos y pedagogos, dedicados al tema del asociacionismo de Familias en los Centros Educativos advierten del peligro de “falsa participación” (Szèll, 1997), de la falta de “implicación” de las familias en las Asociación de Familias de Alumnos (Garreta, 2015, 2016), de la resistencia del profesorado y la dirección de los centros a colaborar con las familias (Dubet, 1997). El padre o madre que dirige la AFA, afín a las premisas nacionalistas, excluye al resto de familias del debate educativo, de las decisiones reales que se van a llevar a cabo en los centros desmotivándoles y anulando así su derecho a la participación democrática en torno a la educación de sus hijos.
En Cataluña la mayoría de AFAS están federadas a la AFFAC, los padres deben saber que esta Federación mantiene relación directa con la ANC, promociona el Somos Escuela (“Som Escola”) “Democràtica, cohesionada i catalana” y sigue las directrices de la CUP en materia de insumisión a las Sentencias de los Tribunales. ¿No hay ninguna Asociación de Familias en la que los padres se den cuenta del perjuicio que puede significar para sus hijos recibir un examen en una lengua que primero deben traducir para responder? Desde estas líneas, les animo a no callar. Berta Romera
Berta Romera. Secretaria de Aixeca’t-Levántate, profesora de Historia y Geografía, licenciada en Antropología cultural. Cursos específicos de Relaciones Internacionales del Instituto Universitaro Gutiérrez Mellado (Madrid)
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