La Guardia Civil, en la denominada operación BRAVOS, ha logrado desarticular una organización criminal especializada en introducir en nuestro país, mediante engaño y abuso de situación de superioridad, a personas del Este de Europa, principalmente de Rumanía y Bulgaria, con el fin de explotarlas laboralmente como temporeros en el sector de los cítricos en provincias como Valencia, Castellón y Lleida.
En la última fase de esta operación, los agentes de la Policía Judicial de la Guardia Civil a cargo de la investigación, han conseguido liberar a 21 víctimas, aunque en los últimos meses se ha tomado manifestación a 61 personas que, en la mayoría de casos, han regresado a sus países de origen siendo sus declaraciones fundamentales para corroborar los hechos investigados.
Han sido detenidas cinco personas, todas ellas de nacionalidad rumana, a las que se les imputan delitos de Pertenencia a Organización Criminal y de Trata de Seres Humanos con fines de explotación laboral, habiendo ingresados cuatro de ellas en prisión. Las dos personas con más peso en esta organización delictiva son un matrimonio de origen rumano, M.M y S.M, de 49 y 45 años respectivamente, afincados en la provincia de Castellón y con antecedentes policiales por hechos similares.
Las víctimas eran captadas en sus países de origen, Rumanía y Bulgaria concretamente, aprovechando siempre alguna situación de vulnerabilidad tanto económica como personal, ofreciéndoles un contrato de trabajo en España con remuneraciones en metálico por los trabajos realizados, así como una vivienda digna y gratuita durante toda la duración del contrato laboral.
Estas personas, ante situaciones personales dramáticas, en la mayoría de casos provocadas por una escasez de ingresos con los que poder pagar productos básicos de primera necesidad como medicamentos o comida, no dudaban en aceptar la oferta, llegándose a pagar ellos mismos el traslado a nuestro país en autobús o incluso por vía aérea, a pesar de su precaria situación.
Al llegar a España, y una vez distribuidos en distintas casas de la organización, eran recibidos por el citado matrimonio, informándoles éstos de la necesidad de tener que solicitar una serie de documentos para poder trabajar legalmente en España, como por ejemplo el NIE, gestión por la que cobraban a los trabajadores la cantidad de 20 euros.
Estos documentos, una vez solicitados y tramitados, nunca llegaban a ser entregados a las víctimas. A su vez, los líderes de la organización, con la finalidad de tenerlos controlados en todo momento, les informaban de que no podían salir bajo ningún concepto de las casas donde se alojaban, salvo para ir a trabajar, y que para esto tendrían que ir siempre acompañados por personas pertenecientes a la organización delictiva investigada, aleccionándoles éstos mismos sobre lo que tendrían que decir ante posibles inspecciones.
Seguidamente, también eran informados de otra serie de circunstancias que se les iba a exigir desde ese instante, como por ejemplo el pago de 3 euros diarios en concepto de traslado al lugar de trabajo o el de otros 75 euros mensuales en concepto de alquiler de vivienda, extremos estos que figuraban sin coste para los trabajadores en las condiciones iniciales.
Respecto a la jornada laboral, esta también cambiaba notablemente respecto a las condiciones ofertadas en origen, ya que en realidad las jornadas diarias de recogidas de cítricos durarían para estos temporeros, desde las 7.30 horas hasta las 18.30 horas, de lunes a domingo, con un descanso de 15 minutos para comer, contemplándose como único descanso laboral el de los días que las inclemencias meteorológicas no permitiesen la recolección.
Continuando con las irregularidades a las que se les sometía a estos trabajadores, hay que destacar que el método de pago que se les ofertó en sus países sería en metálico, cuando, sin embargo, se les obligaba a abrir una cuenta corriente en una entidad bancaria, con la excusa de que cobrarían mediante transferencia.
Para este trámite, acompañaban a los trabajadores a distintas sucursales, donde los propios M.M y S.M hacían de interlocutores y traductores entre los temporeros y el personal de la entidad, por el desconocimiento del castellano por parte de los primeros, facilitando el matrimonio su propia dirección para notificaciones, donde llegarían las distintas tarjetas de crédito y débito contratadas, habiéndose apropiado previamente de la libreta física en el momento de la apertura de cuenta.
Todo ello permitía al matrimonio retirar a su antojo el dinero ingresado por las Empresas de Trabajo Temporal en las cuentas corrientes de los trabajadores, en concepto de nóminas, que son las que posteriormente contratarían legalmente a las víctimas. Una vez que tenían el control de ese dinero, remitían la mayor parte del mismo a su país de origen, con objeto de blanquearlo. A las víctimas les pagaban en metálico cantidades irrisorias, descontándoles también sumas totalmente desproporcionadas en conceptos de deudas contraídas por los trabajadores, que los mismos nunca llegaban a entender, llegando incluso a utilizar la violencia sobre ellos en el caso de que protestaran por estas cuestiones.
Otra grave irregularidad detectada por los agentes es que, por convenio, este tipo de recolecciones se paga legalmente a 1,20 euros por capazo de cítricos, trasladando los jornaleros éstos desde el frutal hasta pie del camión de transporte, cuando en realidad, a las víctimas de esta organización delictiva, las obligaban a trasladar cada capazo hasta el citado transporte, además de subirlo y apilarlo en el mismo, labor ésta que legalmente correspondería a otra cuadrilla de trabajadores distinta.
A todo lo anteriormente expuesto, hay que sumar el hecho de que estas víctimas dormían y hacían vida en condiciones de hacinamiento y sin ningún tipo de privacidad en habitaciones compartidas, llegando a contabilizar, en el momento de los registros, hasta 25 personas en tres habitaciones y una cocina común en una de las casas de la organización, en condiciones de total insalubridad.
A modo de resumen, y tras más de 60 declaraciones de posibles víctimas, los agentes han podido constatar y corroborar que las víctimas eran captadas en sus países de origen mediante engaño y en un claro abuso de situación de superioridad ante situaciones de total vulnerabilidad, limitándoles su libertad deambulatoria durante el tiempo que estaban en nuestro país, teniendo que trabajar en unas condiciones totalmente ilegales conforme al marco jurídico español, condiciones que se podrían calificar de esclavitud laboral.
La operación ha sido coordinada por el Juzgado de Instrucción nº 2 de Nules (Castellón) junto a la Fiscal Delegada de Extranjería de Castellón, y llevada a cabo por la Sección de Trata de Seres Humanos de la UCO y la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Castellón, con el apoyo de unidades como USECIC y Servicio Cinológico.
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