La Generalitat podría estar estudiando un nuevo sablazo impositivo a los contribuyentes catalanes, y ya prepara el terreno lanzando el globo sonda en un estudio publicado en el número 100 de la revista Notes d’Economia, que edita el Departamento d’Economia, y que presentó públicamente este jueves con la presencia del ‘conseller’ Giró.
Dicho estudio se incluye en el documento ‘El efecto de la COVID-19 sobre las preferencias por las políticas públicas’, elaborado por Pilar Sorribas-Navarro (Universidad de Barcelona). Se puede leer íntegramente descargándolo en este enlace.
En dicho artículo, basado en un estudio sobre la población española, se asegura que «los datos demuestran que los individuos están dispuestos a hacer una transferencia de sus recursos individuales hacia el sector público pagando un impuesto finalista con el objetivo de mejorar e incrementar la capacidad aseguradora del sistema de salud pública para poder mitigar el impacto de la pandemia».
«Por tanto, los individuos están dispuestos a pagar este nuevo impuesto para incrementar la capacidad aseguradora del sector público y conseguir, así, mitigar los impactos negativos sobre la salud. La disposición media a pagar es una cantidad significativa que oscila entre 240 y 510 euros al año. Hay añadir que la pregunta dejaba claro a los individuos que este nuevo impuesto estaba vinculado a mejorar el sistema de salud para hacer frente a los efectos de la pandemia. Por lo tanto, seguramente lo perciben como un impuesto de carácter no permanente».
Teniendo en cuenta la voracidad recaudatoria de la Generalitat a la hora de crear nuevos impuestos, recordemos que Cataluña es la comunidad autónoma con más tributos propios, este estudio publicado en una revista editada por la consejería de Economía huele a globo sonda.
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