Según he podido leer últimamente en varios periódicos españoles, Xavier Novell, obispo de Solsona, ha declarado que “el derecho a decidir es superior a la Constitución”.
En su declaración, que doy por fidedigna toda vez que no ha sido desmentida, el obispo menciona un derecho -el derecho a decidir-, pero no menciona ni el sujeto ni el objeto concreto y específico de ese derecho: quién decide y qué decide.
A mi entender, la Constitución de un Estado de derecho, en este caso concreto el Reino de España, puede y debe entenderse como la plasmación del derecho, ejercido por una comunidad humana, a decidir su organización territorial, social y política, presente y futura, para convivir en un marco legal propuesto y aprobado mediante votación por los miembros de esa misma comunidad humana a través de sus representantes, elegidos democráticamente.
Entiendo que toda Constitución es un derecho a decidir ejercido y, en consecuencia, convertido en acto.
Por lo tanto, no me parece correcto contraponer derecho a decidir y Constitución, dado que, en este caso concreto, la Constitución recoge el derecho a decidir ejercido por los miembros de una comunidad en cuanto ciudadanos como acto libre y democrático con las garantías que otorga el Estado de derecho y sólo el Estado de derecho.
Me inclino a pensar que, aunque no los menciona, el obispo de Solsona plantea casos que tienen que ver más bien con el incumplimiento de la Ley, la prevaricación y el perjurio y que, a mi entender, pertenecen ya al ámbito de lo delictivo y lo pecaminoso.
Si, como muy bien sabe el señor obispo, la Iglesia hizo suyo durante siglos un lenguaje dogmático sin concesiones, los miembros de la sociedad civil de un Estado de derecho suelen utilizar el lenguaje propio de la comunicación entre iguales, habida cuenta de que toda sociedad democrática es en definitiva un universo de opiniones.
No obstante, aquí es norma utilizar un lenguaje apodíctico, en cierto modo el equivalente mundano del lenguaje dogmático de la Iglesia, en asuntos relacionados con el Derecho público como son la formulación de las leyes y la exigencia de su cumplimiento por parte de los ciudadanos, doctrina que, en mi opinión, el obispo de Solsona, debe tener en cuenta si un día decide ser un ciudadano honrado y leal de un Estado de derecho llamado Reino de España.
Mientras tanto considero que el hombre de Dios falta a la verdad, pues, siempre en mi opinión, su declaración contiene una falacia: la falacia del obispo.
[libro]
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