La Candidatura d’Unitat Popular (CUP) ha reforzado su tradicional discurso contra los cuerpos policiales del Estado —Mossos d’Esquadra, Policía Nacional y Guardia Civil— elevando el tono a niveles que ya no solo cuestionan modelos de seguridad, sino que dinamitan cualquier posibilidad de consenso institucional. La formación anticapitalista ha convertido su rechazo frontal a las fuerzas del orden en una bandera política permanente, una postura que empieza a generar fricciones incluso dentro del propio independentismo.
Lejos de limitarse a un discurso ideológico, la CUP ha trasladado su hostilidad al terreno parlamentario y social. En sesiones del Parlament, sus diputados han pedido reiteradamente desde hace años la disolución de la Brimo, la unidad antidisturbios de los Mossos, y la retirada de toda presencia de la Guardia Civil y Policía Nacional en Cataluña. En paralelo, han dado apoyo explícito a colectivos que defienden la abolición de cualquier forma de control policial, llegando incluso a justificar altercados violentos durante manifestaciones.
La formación ha acusado en repetidas ocasiones a los Mossos de “represión sistémica” y de actuar como “herramienta del Estado para silenciar la disidencia”. Estas afirmaciones no solo alimentan el descrédito hacia los cuerpos de seguridad catalanes, sino que socavan la moral de los agentes, muchos de los cuales han sido objeto de escraches, acosos y agresiones verbales alentadas por sectores afines a la CUP. Hace unos días convocaron una concentración en Salou (Tarragona) contra los Mossos d’Esquadra, por haber organizado una batida contra la venta ilegal y haber detenido a manteros, cuando algunos de ellos agredieron a los agentes.
La CUP y su entorno social ha protagonizado diversas acciones simbólicas y comunicativas contra la Policía Nacional y la Guardia Civil, a las que acusan de ser “fuerzas de ocupación” en Cataluña. En varias ocasiones, sus portavoces han justificado los ataques a cuarteles o vehículos oficiales, amparándose en una supuesta legítima respuesta popular. La actual crisis dentro del grupo parlamentario, que ha llevado a la renuncia del escaño de su portavoz, Laia Estrada, no afecta en absoluto al consenso que hay dentro de la formación sobre su deslegitimación de la acción policial.
En un contexto de aumento de la criminalidad y percepción de inseguridad en muchas zonas urbanas, el discurso de la CUP parece completamente desconectado de las prioridades sociales. Cuestionar de forma permanente la legitimidad de las fuerzas del orden no solo erosiona la confianza institucional, sino que deja un vacío en el que crecen la impunidad y la inseguridad. La CUP, con su deriva antipolicial, no está proponiendo una alternativa seria al modelo de seguridad pública. Está sembrando una división profunda que fragmenta aún más la convivencia en Cataluña.
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