La Cataluña real y la otra

Desde que tengo uso de razón política, y de eso hace ya mucho, siempre he oído decir que la lucha por los derechos nacionales y las mejoras sociales eran inseparables. Supongo que debo ser un ingenuo porque yo me lo creía a pies juntillas. Sin embargo, el tiempo pasa, hace ya siete años que empezaron a marearnos con la mandanga del procés y la defensa de la calidad de vida de los ciudadanos, tanto para los partidos secesionistas como para el Govern de la Generalitat, ha quedado claro que es algo muy secundario. Para ellos, la consecución de la independencia está por encima de todo y el resto es prescindible.

Como que no quiero que se me considere un derrotista, me van a permitir corroborar la afirmación que he hecho más arriba con datos facilitados por el propio Ejecutivo de la Generalitat o entidades afines y/o de reconocida solvencia; es decir, nada de cosecha propia.

Empecemos por la atención social: uno de cada tres dependientes catalanes (73.000 personas) con grado asignado espera recibir la prestación que le corresponde. Desde 2006 que se aprobó la Ley de Dependencia han muerto en Cataluña más de 36.000 personas sin que les llegase la ayuda que les correspondía, habiéndose agotado los plazos que la normativa estipula.

Espero apreciado lector que no tenga usted problemas de salud, porque si es así y decide acudir a la sanidad pública, sepa que la media para que le sometan a una operación quirúrgica es de 73 días, 74 para que le hagan una prueba diagnóstica y casi 100 para que le visite un especialista. ¡Ah! Y no se le ocurra ponerse enfermo este verano porque han decidido cerrar 1.900 camas, o sea que, según como vayan las cosas, las colas para que atiendan por la picada de una avispa asiática, pongamos por caso, pueden ser quilométricas. Por lo tanto, me permito sugerirle que mantenga la salud por la cuenta que le tiene.

Eso sí, en Cataluña tenemos el triste honor de estar igualados a la Comunidad de Madrid en lo que a gasto en sanidad por habitante con respecto al PIB se refiere: ambos son los más bajos de España. Y es que la derecha, secesionista o no, cuando gobierna utiliza los mismos patrones.

Sigamos con algo tan poco importante como la vivienda.  Según el Observatorio Metropolitano de la Vivienda, la renta familiar disponible bruta ha subido desde el año 2000 el 64,3%. Mientras los alquileres se han incrementado en el Área de Barcelona un 127,5%. Por consiguiente, una familia de clase media que viva en esa zona ha de dedicar el 50% de sus ingresos a tener un techo.

Desde la Generalitat nos dicen que la tasa de pobreza de la población se sitúa en el 21,3%. Por lo que respecta a la Renta Garantizada de Ciudadanía, que se aprobó a bombo y platillo en el Parlament, desde 2017 sólo se han concedido 13.100, un pírrico 21% del total de personas que lo solicitaron.

Y para terminar está desoladora relación de cifras sepan que 375.000 personas viven en Cataluña en pobreza severa.

Estos datos objetivos pertenecen a la Cataluña real, la que madruga, se deja la piel, se esfuerza para tirar adelante y llegar a fin de mes. También existe otra donde de las fuentes dan leche y miel y los catalanes lo tienen todo pagado cuando salen al extranjero, pero esa sólo está en el imaginario de unos pocos iluminados.

Llegados a este punto, me gustaría escuchar a los políticos que hemos elegido para que nos gobiernen expliquen de forma razonada porque, en la Cataluña real, vivimos en esta situación de carencia y precariedad permanentes en todos los ámbitos. Pero sin que caigan en la falacia del “España nos roba”, que es la tesis preferida para tapar las incapacidades propias.

Que bien podríamos funcionar si, a los que les corresponde, se dejaran de repúblicas ficticias, elucubraciones estériles, mandangas por el estilo y se aplicaran a procurar el bien común, pero el real, no el virtual que tan solo existe en las mentes calenturientas.

Bernardo Fernández


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