La Audiencia Provincial de Barcelona ha dictado la resolución que amnistía a la ex secretaria general de Esquerra Republicana, Marta Rovira, por el delito de desobediencia relacionado con la organización del referéndum ilegal del uno de octubre de dos mil diecisiete. Así lo ha asegurado esta formación en un comunicado.
La formación separatista ha celebrado con entusiasmo esta decisión judicial, interpretándola como un triunfo de su estrategia y apoyándose en el respaldo de instancias europeas y en la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del pasado dieciséis de julio. Esta medida pone fin a un largo periplo judicial que se remonta a marzo de dos mil dieciocho, fecha en la que Rovira optó por eludir la acción de la justicia española y marchar al extranjero para escapar de las graves responsabilidades penales derivadas del desafío soberanista.
Durante estos años, la causa ha experimentado diversas mutaciones jurídicas impulsadas por los cambios legislativos pactados en Madrid, pasando de los iniciales delitos de rebelión y sedición a un tipo de desobediencia tras la polémica reforma del Código Penal promovida por el Ejecutivo de Pedro Sánchez. El proceso culminó el pasado mes de mayo, cuando el Tribunal Supremo desestimó su competencia sobre el caso y remitió las diligencias a la Audiencia Provincial de Barcelona, facilitando el camino definitivo para la aplicación de la controvertida ley de borrado penal.
En este recorrido legal, la defensa ha estado capitaneada por el letrado Iñigo Iruin, quien ha representado de forma constante a los principales dirigentes implicados en el procés ante las más altas instancias judiciales del Estado. La consumación de esta amnistía evidencia, una vez más, la profunda dependencia parlamentaria del Gobierno central, dispuesto a asumir cualquier concesión jurídica con tal de garantizarse la estabilidad en la legislatura a costa del principio de igualdad ante la ley.
Lejos de asumir responsabilidades por la fractura institucional provocada, los republicanos ya exigen la aplicación inmediata y sin trabas de la ley al resto de causas pendientes para lograr la total supresión de las consecuencias judiciales de aquellos hechos. La pretensión de borrar por completo los efectos penales del desafío secesionista debilita los cimientos del Estado de derecho y consolida un peligroso mensaje de que quebrantar la Constitución carece de consecuencias reales para la clase política dirigente.
Con el cierre de este expediente para Marta Rovira, el separatismo anota un nuevo tanto político gracias a su alianza con el PSOE, profundizando en el desgaste de unas instituciones que continúan cediendo ante la presión soberanista.
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