Durante la noche del pasado jueves 27 de junio, los Mossos de Escuadra de Gerona, en un dispositivo sin precedentes, más propio de una operación antiyijadista, ha detenido en sus casas a seis hombres y a una mujer en distintas localidades del Maresme, siendo trasladados a la Comisaría de la calle Vista Alegre de Gerona.
La operación no obedecía a ninguna disposición judicial, porque ha sido directamente orquestada por los jefes de la policía de Cataluña. El gran “delito” por el que se acusaba a estas personas, consistía en limpiar de lazos amarillos diversas localidades del Maresme y de la provincia de Girona, y depositar los plásticos recuperados la puerta de la casa de algunos alcaldes, que habían ordenado a funcionarios municipales, a engalanar sus municipios con los lazos amarillos durante sus jornadas laborales.
En cierta forma lo que que se pretendía con estas acciones cívicas, era devolver el material contaminante a su legítimo propietario, y para ello no hay nada mejor que dejárselo en su casa.
Los Mossos estaban muy molestos porque en la puerta de la casa de uno de los suyos, los mismos ciudadanos que limpiaban de plásticos y basura las localidades donde actuaban, en una de sus acciones depositaron un montón de lazos amarillos y un water, con su cisterna incorporada, en la puerta de la casa de un mozo de escuadra que se ha exhibido muchas veces en las redes sociales, posando en fotografías en las que aparece armado exhibiendo una bandera estelada, y que recientemente se encaró con el juez Marchena cuando fue interrogado en el Tribunal Supremo, en el juicio contra la banda golpista encabezada por el Sr. Junqueras.
Como letrado asistí en declaración a los siete detenidos, que ante la irrelevancia de los hechos -que no alcanzan ni siquiera la tipificación de un delito leve- como era de esperar fueron puestos de inmediato en libertad por la Juez de Guardia, a la que solicité se iniciaran trámites para que se les concediese la Medalla al Mérito Civil.
Examinando el abultado expediente de unas mil páginas, producto de una dilatada investigación que se ha prolongado durante varios años, que a bien seguro habrá costado muchos euros de los bolsillos de los contribuyentes, me llamó poderosamente la atención que los Mossos para fundamentar su acusación, pretendían preservar el ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades publicas de aquellas personas -alcaldes y mosso- que pretenden imponer la República Catalana y el proceso separatista de Cataluña.
Los abogados cuando estudiamos una causa lo primero que hacemos es detectar el “bien jurídico protegido”, así por ejemplo en un expediente judicial por asesinato, el bien jurídico protegido es la vida humana, y en uno por violación es la integridad sexual de mujer. Pues por lo que pude leer en este caso, el bien jurídico protegido era la República catalana y a los que la postulan. Como letrado me quedé horrorizado con la lectura de un atestado policial, que era más propio de una policía republicana que persigue a los desafectos de la República, que de una policía autonómica.
Al margen de encontrarnos ante un caso de detencíón ilegal con fines puramente políticos, perpetrado por una policía golpista, según la definición que han realizado recientemente los Fiscales del Tribunal Supremo en sus conclusiones finales, a los siete detenidos se les dijo de una forma falsaria, con ánimo de engañares para obtener la información de sus teléfonos móviles, que si no permitían el volcado de esa información, la policía se encargaría de retenerles los móviles durante un año.
También, y para privarles del derecho a escoger al abogado o abogados que designasen libremente, se les dijo que si solicitaban abogado de oficio se ahorrarían un día o dos de detención. Manifestación ésta totalmente falsa porque ya habían decidido que permanecerían detenidos en la comisaría durante el máximo periodo legalmente permitido de setenta y dos horas, que al final se tradujo en tres días y dos noches.
No quiero extenderme mucho pero también recuerdo a una madre preocupada que se desplazó desde Barcelona para ver a su joven hijo, y un policía le dijo que se volviese a su casa y que su hijo no quería verla. Sin comentarios.
Evidentemente se van a iniciar acciones legales y ante instancias internacionales, por la vulneración de los derechos fundamentales de estos seis ciudadanos, y de una mujer a la que tan sólo se le acusaba de haber retirado una estelada.
Me da la sensación de que algunos sectores de la policía de Cataluña, en cierta forma, se sienten frustrados por no haber podido iniciar sus labores represoras de ciudadanos que se consideran españoles, en el supuesto de que se hubiese implantado su ansiada República catalana, y se han valido de las denuncias de unos alcaldes separatistas y de un mosso hiperventilado, para dar un escarmiento al constitucionalismo en Cataluña.
Juan Carlos Segura Just
Abogado.
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