El constitucionalismo catalán se ha indignado tras el acuerdo entre PSOE y ERC en la ponencia de la nueva ley de educación, la denominada Ley Celaá, para blindar la inmersión lingüística al eliminar el castellano como lengua vehicular de la educación, a cambio del apoyo de los de Junqueras para aprobar los presupuestos generales del Estado.
La presidenta la plataforma juvenil S’ha Acabat!, Julia Moreno, ha asegurado que «los constitucionalistas catalanes hemos vuelto a ser vendidos por el Gobierno de la nación». Robert Albiol, responsable de Societat Civil Catalana en las Tierras del Ebro ha afirmado que es «terrible que desde el Gobierno de España se use la lengua como moneda de cambio. Hoy nuestro país es un poco más pobre, y los niños de comunidades con lengua propia pierden oportunidades respecto al resto».
Fernando Sánchez Costa, presidente de SCC, ha comentado que «con el corazón en la mano. Creo que a 600 km no se es consciente de la herida que llevamos todavía muchos catalanes tras 10 años de procés y de cómo esto echa sal sobre ese dolor. Por eso estoy convencido que la decisión se ha tomado allí, no aquí. Pero eso no quita la tristeza». La Asamblea por una Escuela Bilingüe en Cataluña opina que «nuestra Constitución nos sigue amparando y en ella confiamos para revertir esta situación, continuaremos recurriendo a la justicia para conseguir que nuestros hijos estudien en las dos lenguas oficiales y de los catalanes».
La asociación de ámbito nacional Hablamos Español ha difundido el siguiente mensaje: «Pedro Sánchez: El PSOE consuma el golpe al castellano, vota con ERC suprimirlo como lengua vehicular en las aulas». Alejandro Fernández, presidente del Partido Popular de Cataluña, ha informado que «nos opondremos a esta barbaridad con todos los instrumentos pedagógicos, políticos y legales que la democracia ofrece. Y, con la razón por delante, y la convivencia por bandera, ganaremos. Que nadie lo dude». Sonia Sierra, diputada de Ciudadanos, ha asegurado que «en ninguna democracia del mundo se veta que la lengua oficial sea vehicular en los colegios». VOX ha denunciado la “culminación del proyecto separatista” incluido en la ‘ley Celáa’ y ha anunciado que la recurrirá ante el Constitucional.
Eduardo López-Doriga, presidente de la Asociación por la Tolerancia, en declaraciones a elCatalán.es, aseguró que “me parece una nueva vuelta de tuerca para seguir avanzando en la secesión efectiva de Cataluña respecto al resto de España. La cuestión es ir excluyendo el español de la sociedad catalana, desterrarlo completamente y que no se pueda usar en ningún ámbito. Lo que los separatistas no han conseguido con el intento de cambiar la legalidad por las bravas que ya intentaron con el ‘procés’ lo quieren conseguir por el camino iniciado por Jordi Pujol de ir pasito a pasito para conseguir la secesión”.
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