En un panorama político cada vez más polarizado, la asociación catalana Impulso Ciudadano se ha consolidado como una referencia cívica imprescindible en la defensa del bilingüismo, el pluralismo y el respeto al marco legal en Cataluña. Bajo la presidencia del jurista y exdiputado José Domingo, la entidad ha logrado situar en la agenda pública cuestiones que afectan directamente a los derechos lingüísticos de los ciudadanos y al cumplimiento de leyes básicas, como la Ley de Banderas.
Desde su fundación en 2009, Impulso Ciudadano ha actuado con una coherencia infrecuente en el debate público catalán. Su defensa del uso institucional y social tanto del catalán como del castellano no parte de un enfrentamiento, sino de la convicción de que el bilingüismo es una riqueza que debe protegerse. A través de recursos jurídicos, informes, campañas informativas y presencia mediática, la asociación ha denunciado prácticas excluyentes en la administración, la escuela y el espacio público.
Uno de los logros más visibles de Impulso Ciudadano ha sido su labor de fiscalización del cumplimiento de la Ley de Banderas, que obliga a que la bandera de España ondee junto a la catalana en los edificios oficiales. Gracias a sus denuncias, varios ayuntamientos han sido obligados a restituir la enseña nacional, no por motivos ideológicos, sino por una exigencia básica del Estado de derecho. La asociación ha demostrado que el respeto a los símbolos comunes es compatible con la identidad catalana.
La firmeza con la que actúa José Domingo, siempre desde parámetros legales y democráticos, ha convertido a Impulso Ciudadano en un interlocutor respetado, incluso por quienes no comparten todas sus posiciones. Su estilo es claro: recurrir a los tribunales cuando se vulneran derechos, documentar cada caso y evitar el ruido partidista. Este enfoque técnico y riguroso le ha otorgado una credibilidad poco común en un contexto tan tensionado como el catalán.
En el ámbito educativo, la entidad ha sido clave para visibilizar la exclusión del castellano como lengua vehicular en muchas escuelas. Ha dado voz a familias que se sienten indefensas y ha promovido la defensa del modelo de convivencia lingüística recogido por el Tribunal Constitucional. Lejos de pedir privilegios, Impulso Ciudadano exige que se cumplan las leyes, sin discriminaciones ni imposiciones.
También destaca su colaboración con otras entidades cívicas que comparten la defensa del pluralismo constitucional en Cataluña. Impulso Ciudadano no opera desde el enfrentamiento, sino desde una cultura democrática que pone el foco en los derechos individuales, frente a proyectos identitarios que tienden a homogeneizar.
Pese a las dificultades —incluidas presiones políticas y el intento de invisibilizar su labor en ciertos medios— la asociación continúa ampliando su presencia pública. Su actividad es una prueba de que aún existen espacios para una defensa firme pero respetuosa del marco legal, del bilingüismo real y de la convivencia entre identidades.
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