El Govern de Salvador Illa ha decidido levantar el pie del acelerador en su carrera por aprobar las cuentas de 2026. Tras semanas de enrocamiento y desplantes públicos, la Generalitat y Esquerra Republicana se han concedido una tregua estratégica. El objetivo no es otro que buscar una «pista de aterrizaje» que evite un choque frontal que dejaría a Cataluña sin presupuestos y al PSC en una situación de extrema debilidad.
La tensión alcanzó su punto álgido cuando el president Illa anunció que llevaría el proyecto al Consell Executiu de forma inminente. Esta maniobra fue vista por las filas republicanas como un trágala inaceptable, provocando la ira de Oriol Junqueras. El líder de ERC no tardó en frenar cualquier expectativa de acuerdo, exigiendo garantías blindadas sobre la recaudación del IRPF antes de sentarse a negociar.
El calendario parlamentario ha sufrido una modificación sustancial que revela la fragilidad del pacto. La primera votación, prevista inicialmente para la semana del 9 de marzo, se ha pospuesto finalmente hasta el día 18. Este retraso no es casual: permite que el ruido electoral de los comicios en Castilla y León se disipe, despejando el camino para que Pedro Sánchez respire aliviado en Madrid.
Las conversaciones telefónicas y las reuniones discretas se han multiplicado desde el pasado lunes en un intento desesperado por rebajar los decibelios. El Govern de Illa parece haber entendido que la soberbia aritmética no funciona con unos socios que atraviesan su propia crisis de identidad. Por su parte, ERC ha suavizado su amenaza de presentar una enmienda a la totalidad de forma inmediata, ganando margen para seguir presionando.
El gran escollo sigue siendo la gestión tributaria, una bandera que el separatismo agita para justificar su apoyo al PSC. Junqueras exige certezas que el Gobierno central aún no ha terminado de concretar, temiendo que un cheque en blanco a Illa le pase factura ante su electorado. Esta desconfianza mutua convierte la negociación en un mercadeo constante donde el interés general queda, una vez más, en un segundo plano.
La estrategia del PSC pasa ahora por ofrecer gestos que permitan a los republicanos vender el acuerdo como una victoria soberanista. La recaudación del IRPF se ha convertido en el fetiche político de una legislatura que depende enteramente de los equilibrios internos de Esquerra. Salvador Illa, que prometió pasar página al «procés», se encuentra atrapado en la misma dinámica de concesiones que sus predecesores.
La coincidencia con las elecciones en Castilla y León subraya la interdependencia absoluta entre el Palau de la Generalitat y el Palacio de la Moncloa. Sánchez necesita estabilidad en Barcelona para no enturbiar sus expectativas electorales en otras regiones de España. El socialismo ha convertido la política nacional en un juego de vasos comunicantes donde Cataluña siempre parece tener la llave del grifo.
Si finalmente hay fumata blanca el 18 de marzo, será a costa de nuevas cesiones que profundizarán la asimetría del Estado. El PSC de Illa está demostrando una preocupante capacidad para mimetizarse con las demandas nacionalistas con tal de retener el poder. Lo que el Govern vende como «diálogo y mano tendida» no es más que una claudicación por etapas ante las exigencias de los de Junqueras.
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