En un nuevo arrebato de necesaria sumisión, el impresentable que encabeza el Gobierno de España ha vuelto a tomar una decisión controvertida. Una nueva resolución tomada con el único objetivo de contentar al radicalismo que le da la sopa boba y le brinda continuidad en Moncloa.
Su debilidad a la hora de gobernar, además de todos los frentes judiciales que salpican al número uno de la trama sanchista, le condicionan de tal modo que ya no hay ridículo que le importe. Su posición de agonía reprimida, que debe saber llevar hasta el final de la legislatura sin importarle los costes y consecuencias, le lleva a arrodillarse ante todo lo que sea necesario siempre que valga para tener satisfechos a sus amigotes parlamentarios.
La presión que debe sentir un ególatra narcisista y vanidoso, junto a los deberes pendientes para acabar de corromper al poder judicial, le obliga a someterse a los caprichos de todas esas minorías radicales que, realmente, son las que marcan el rumbo de España y definen el devenir de nuestro futuro. Para Sánchez, con esposa, hermano y sus amigos sentados ante tribunales, debe ser extremadamente motivador el logro de más tiempo para seguir madurando la senda política caribeña y que los jueces fallen al son de lo que él decida y le convenga.
Por esa razón, pisoteando a su propio ministro de Interior, el gran jefe ha decidido que el uso de unos cuantos millones de euros se quede en el limbo por incumplimiento de contrato. Un nuevo sobrecoste de la miseria sanchista que, sin pudor ni remilgos, campa a sus anchas con el dinero de todos. Para este personaje de nada valen los compromisos o la firma de acuerdos, en línea con lo que ya sabemos al respecto de sus incumplimientos electorales.
Esta vez han sido los votos de IU en el Congreso los que han jugado sus bazas para lograr que agache la cabeza el tragalotodo. Los millones de balas que se habían adquirido a una empresa israelí no llegarán a los arsenales de la Guardía Civil por la pataleta de los comunistas.
Una munición que no sabemos si pagaremos sin que haya entrega, si se penalizará económicamente la ruptura del contrato o sí, sabiendo el potencial tecnológico del país al que le hemos hecho el desplante, tendrá otras consecuencias en temas relacionados con nuestra Defensa. Lo peor de todo es que, desgraciadamente, esta conducta deja ya de sorprendernos.
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