El socialismo extremeño ha optado por cerrar filas y recurrir a la vía judicial ante las acusaciones de una militante que denuncia un presunto acoso laboral por parte de José Luis Quintana, delegado del Gobierno en Extremadura y hombre de confianza del Ejecutivo de Pedro Sánchez en la región.
En un comunicado de tono defensivo, el PSOE de Extremadura niega «de manera rotunda» los hechos que la denunciante ha difundido en redes sociales y que algunos medios han recogido, dando por inexistente cualquier tipo de responsabilidad por parte de Quintana, actual presidente de la Comisión Gestora del partido.
Según la versión oficial del partido, «no ha existido ningún tipo de persecución laboral» y la militante «nunca ha dependido laboralmente» del alto cargo socialista, una afirmación con la que el PSOE pretende desmontar de raíz la credibilidad de la denuncia. La formación insiste en que las acusaciones son «rotundamente falsas» y «carecen de cualquier fundamento», sin aportar, por el momento, documentación que respalde su relato.
Lejos de anunciar una investigación interna o mecanismos de aclaración, el PSOE extremeño se limita a calificar los hechos como «bulos y mentiras difundidos de manera irresponsable», una estrategia ya habitual en el entorno del Gobierno cuando surgen polémicas que afectan a cargos relevantes del partido.
El caso vuelve a poner el foco en la falta de autocrítica y transparencia del PSOE ante denuncias incómodas, especialmente cuando afectan a dirigentes vinculados directamente al aparato del Gobierno de Pedro Sánchez, que una vez más responde con comunicados, desmentidos tajantes y advertencias legales, pero sin asumir responsabilidades políticas ni ofrecer explicaciones públicas detalladas.
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