El exministro de Transportes, y antiguo secretario de Organización del PSOE, se convierte en el primer ministro de la era Sánchez que ingresa en la cárcel. Un hecho histórico, pero por motivos bochornosos. El magistrado del Supremo ha justificado la medida por el «extremo» riesgo de fuga. Esto subraya la gravedad de los indicios y la falta de arraigo institucional de los investigados.
Ábalos, que fue un hombre de la máxima confianza de Pedro Sánchez, entra en prisión por presuntos delitos muy serios. Hablamos de cohecho, tráfico de influencias, malversación y pertenencia a organización criminal. Todo ello, presuntamente, en una trama de cobro de comisiones ilegales en la compra de mascarillas durante la pandemia.
El destino penitenciario de Ábalos y Koldo García, en la cárcel de Soto del Real, simboliza la decadencia. Se les acusa de lucrarse vergonzosamente a costa de la salud de los españoles. El dinero público, destinado a proteger vidas, habría acabado en bolsillos particulares.
La Justicia ha actuado con contundencia. La Fiscalía Anticorrupción pide para Ábalos 24 años de cárcel. Para su exasesor, Koldo García, la solicitud es de 19 años y medio. Estas elevadas peticiones de pena evidencian la dimensión del escándalo que golpea a la cúpula socialista.
El PSOE y el Gobierno intentan minimizar el impacto. Recurren al manido argumento de que Ábalos ya no es miembro del partido. Pero el exministro era una figura clave del sanchismo. Fue su lugarteniente, el encargado de la fontanería interna y un pilar esencial del Gobierno. Es imposible desvincular al PSOE de esta ignominia.
La investigación judicial no se detiene aquí. Un juez ya ha solicitado al PSOE toda la documentación relativa a pagos en metálico realizados entre 2017 y 2024. Esto abre una nueva vía que señala directamente a las cuentas del partido. El «Caso Koldo» podría ser la punta de un iceberg mucho más grande.
Existe un miedo palpable en las filas socialistas a las posibles filtraciones de Koldo García. Conocido por su acceso a información sensible de la Secretaría de Organización, su situación actual podría llevarle a «tirar de la manta». El temor a que «cante» recorre los pasillos de Ferraz.
La entrada en prisión de un diputado en activo, con la consiguiente suspensión de sus derechos parlamentarios, debilita aún más al Gobierno. La ya precaria mayoría de Sánchez se queda en manos de socios extremistas e independentistas.
El «Caso Koldo» no es solo un caso de corrupción económica. Es un caso de corrupción política y moral que exige responsabilidades al más alto nivel. El PSOE, que llegó al poder blandiendo la bandera de la regeneración contra la corrupción ajena, se ha hundido en el mismo fango. La imagen de Sánchez y su equipo sale gravísimamente dañada ante la ciudadanía.
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