Los problemas sanitarios del coronavirus han hecho pasar desapercibida una noticia muy importante en relación con la aplicación del concierto fiscal con el País Vasco.
La semana pasada el Gobierno de la nación y los representantes del Gobierno vasco celebraron un acuerdo en el que se fijaron las cuantías definitivas del cupo que han de transferir los territorios forales de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya al País Vasco para que éste proceda, a su vez, a compensar al Estado español por los servicios que presta éste y del que se benefician parcialmente los ciudadanos de los territorios forales. Concretamente, el cupo final resultante ha sido de 1.214,2 millones de euros en 2017 y de 1.341,14 millones de euros en 2018. En relación con el año 2019 se ha fijado un cupo provisional de 1.353 millones de euros. Esto supone un crecimiento de 11,47% en tres años. También supone que cada uno de los ciudadanos del País Vasco que en 2018 sumaban 2.171.000 aporta la cantidad de 617,75 euros por todos los conceptos al Estado español.
El reparto de las aportaciones entre Diputaciones forales se hace en función de los siguientes porcentajes: Vizcaya, 50,37%; Guipúzcoa, 33,19%, y Álava, 16,44%.
Sin embargo, el País Vasco no solo recibe servicios comunes del Estado como el de justicia, asuntos exteriores o ejército sino que recibe también prestaciones y subvenciones directas para determinados programas de gasto propios. Así, en 2018 el País Vasco recibió transferencias del sector público estatal para operaciones de capital de más de 161 millones de euros. Además, se ha llegado un acuerdo sobre la transferencia proveniente del Estado español correspondiente a los programas y actuaciones públicas en el ámbito del trabajo, empleo y formación profesional por importe de 131 millones de euros en 2017, de 181,4 millones de euros en 2018 y de 276,4 millones de euros en 2019.
Los sistemas de convenio con Navarra y de concierto con el País Vasco son ejemplo de un sistema privilegiado de financiación de administraciones territoriales que, una vez más, resultan incompatibles con los principios de igualdad y solidaridad proclamados en la Constitución Española.
José María Tovillas Morán
Profesor Titular de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Barcelona
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