El adelanto electoral decretado para el próximo 29 de noviembre ha desatado una nueva crisis interna en el seno de Esquerra Republicana. El portavoz del partido en el Congreso, Gabriel Rufián, ha decidido elevar la presión sobre la cúpula directiva con un severo ultimátum sobre su posible continuidad en Madrid.
Lejos de mostrar una lealtad ciega a las siglas que representa, el diputado catalán exige un mínimo de condiciones de trabajo e influencia directa en la línea estratégica del partido. Su advertencia ha sido tajante: si la dirección no acepta someterse a sus exigencias tras años de desgaste personal, optará por abandonar la política institucional y marcharse a casa.
Este pulso evidencia las profundas costuras rotas dentro de un separatismo cada vez más fragmentado y errático. Rufián, acostumbrado a rentabilizar su perfil histriónico en la tribuna madrileña, pretende ahora dictar el rumbo político de una formación que navega sin dirección clara tras sus sucesivos descalabros en las urnas.
En el fondo de esta disputa se encuentra su insistente propuesta de articular una confluencia de la izquierda radical y soberanista provincia por provincia. Su objetivo pasa por tejer un frente amplio estatal que contrarreste el avance conservador, un planteamiento que choca frontalmente con los intereses nacionalistas más ortodoxos de su propia organización.
La cúpula de Esquerra ha intentado marcar distancias con esta ocurrencia de frentes unitarios con fuerzas de ámbito nacional español. Sin embargo, la enorme dependencia que los republicanos tienen de la figura mediática de Rufián les deja escaso margen de maniobra para frenar sus particulares ambiciones tácticas.
A pesar del evidente enfriamiento en su relación con el aparato del partido, los pesos pesados de ERC continúan ensalzándole públicamente como su activo más rentable. Tanto Oriol Junqueras como la secretaria general, Elisenda Alamany, han vuelto a coincidir en señalarle como el mejor candidato posible para encabezar las listas.
Con el fin de encauzar este conflicto sin romper la baraja, la Ejecutiva Nacional republicana se ha visto obligada a activar de urgencia los mecanismos internos de selección. El calendario previsto establece un periodo de recogida de avales equivalente al cinco por ciento de la militancia, que se prolongará hasta mediados de octubre para validar a los aspirantes.
Las reglas aprobadas también permiten el respaldo de un tercio de los miembros de la Ejecutiva o una cuarta parte del Consell Nacional. Si surge más de un competidor en este proceso, el partido se encamina inevitablemente hacia unas primarias internas fijadas para el próximo 17 de octubre.
Todo este engranaje burocrático busca revestir de supuesta participación democrática un proceso condicionado de antemano por las exigencias de un candidato todopoderoso. La confección definitiva de las listas, prevista para el 20 de octubre, pondrá a prueba la verdadera capacidad de resistencia de la dirección frente al órdago de su principal portavoz.
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