El nuevo curso escolar en Cataluña y el 18S

El lunes 5 de septiembre vuelve a empezar el curso en Cataluña y lo hará en un unos centros educativos en los que no se podrá hablar en castellano y en los que los padres no podrán hacer nada para evitar que quien quiera adoctrine a sus hijos en el secesionismo, es decir en el deseo de separarse del resto de España, que es el principal objetivo político de los partidos que actualmente gobiernan Cataluña.

El objetivo prioritario ya no es que el alumnado aprenda unos determinados conocimientos y adquiera unas determinadas competencias, como lo demuestra el hecho de que los partidos secesionistas catalanes apoyaron la LOMLOE de los socialistas, una ley que establece que se puede obtener el título de la ESO incluso con todas las materias suspendidas, además de que el castellano ya no tiene la categoría de lengua vehicular. El objetivo tampoco es adecuar las enseñanzas a las diferentes capacidades y necesidades del alumnado, estableciendo varias vías en función de ellas, sino que, abusando de la llamada enseñanza inclusiva, se mantendrá a todo el alumnado en la misma aula, aprendan o no aprendan, hasta los 16 años o hasta los 18 años si son repetidores. Es decir se seguirá el mismo criterio que en otros sectores en los que también se promociona en función de la edad o del tamaño.

Aunque a muchos padres les horroriza lo que acabo de explicar, no tendrán más remedio que llevar a sus hijos a los colegios, porque ellos deben ir a trabajar. Muchos lo harán con intranquilidad porque ello implica que sus hijos tendrán que cambiar de lengua al entrar en el colegio, pese a que no se aprende igual en la lengua materna que en otra lengua, y porque ellos, sus padres, no son secesionistas. Esto no pasaría si el Gobierno de Cataluña velara por la neutralidad ideológica de los centros educativos respecto a los programas de los diferentes partidos políticos, pero ellos piensan todo lo contrario y han convertido los colegios en canteras de futuros votantes. No hay que olvidar que el alumnado acaba el bachillerato a pocos meses de cumplir los 18 años, que es la edad de votar. Así, en unos pocos años más, el gobierno de Cataluña confía en llegar a una amplia e incontestable mayoría secesionista.

Algunos padres intentan huir de ese sin sentido, llevando a sus hijos a centros concertados, pero en el tema lingüístico no lo pueden conseguir porque si en el centro se impartiera alguna asignatura en castellano, la Consejería le retiraría el concierto, independientemente de que los resultados académicos fueran excelentes. Quedan los centros privados que no tienen conciertos, pero esos no están al alcance de la mayoría de las familias porque son caros. Paradójicamente a esos centros, generalmente trilingües y académicamente exigentes, es a los que llevan sus hijos las mismas personas que hacen las leyes que prohíben usar el castellano en los demás centros.

Todo esto no pasaría si en Cataluña hubiera libertad total de elección de centro, en vez de sólo poder elegir entre los pocos centros de la zona que te asignan, y si los centros pudieran decidir ser bilingües o trilingües, pero eso de dar libertad a los padres y a los centros no les gusta a los que quieren conseguir una sociedad catalana secesionista mediante la instrucción, con sus ideas, de los hijos pequeños de todos. Llevan más de treinta años haciéndolo, como aparece planificado en el Programa 2000 de Jordi Pujol, publicado en 1990, y hay que reconocer que con mucho éxito.

Los profesores no pueden hacer nada para evitarlo, porque si dieran alguna clase en castellano serían expedientados y si solo aprobaran a los alumnos que han aprendido los conocimientos establecidos, suspenderían a muchos más alumnos que en los otros centros del barrio, por lo que los alumnos suspendidos se irían a ellos, poniendo así en riesgo la continuidad del centro por falta de alumnado.

Los dirigentes de los grandes sindicatos del sector están completamente de acuerdo con el Gobierno de Cataluña en cuanto a la inmersión obligatoria en catalán de los alumnos castellanohablantes, en que sí se enseñe en su lengua materna a los alumnos catalanohablantes y en que se haga adoctrinamiento político en el secesionismo. En lo único en que discrepan con el Gobierno es en que el profesorado debería trabajar menos horas, por lo que se debería contratar más profesorado.

Este planteamiento es el que lógicamente les permite tener más votos en las elecciones sindicales y, por lo tanto, más liberados sindicales. A cambio, les permiten a la Administración hacer cuantas barbaridades quieran con los currículos y con la falta de control sobre si los alumnos aprenden o no aprenden. Esta coincidencia ideológica con la Consejería de Educación los convierte en auténticos sindicatos verticales, como lo fueron los sindicatos franquistas.

Si se utilizara el castellano para enseñar algunas asignaturas no se perjudicaría en nada el conocimiento del catalán, sino que todos los alumnos saldrían ganando, los catalanohablantes porque mejorarían su nivel de castellano y los castellanohablantes porque verían reconocida su lengua materna como una lengua de uso normal en su país. Y si en lugar de inculcar ideas secesionistas se impartiera una historia de España compatible con la Constitución Española, la que aprobaron el 90,5% de los catalanes, el alumnado tendría una visión menos maniquea y pueril del mundo en el que vive, en la que unos son siempre considerados como los buenos y los otros como los malos.

Es el momento de protestar, de pedir que se revierta esta situación. Un primer paso sería conseguir algo tan sencillo como que se cumpla la sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, refrendada por el Tribunal Supremo, de que debe impartirse un mínimo del 25% de las clases en castellano. Ahora, la última decisión está en manos del Tribunal Constitucional y se ha convocado una manifestación el próximo domingo 18 de septiembre a las 12,30h en el Arco del Triunfo de Barcelona, para pedir que se cumpla dicha sentencia. Es una cita obligada para todos los ciudadanos que quieren vivir en un Estado de derecho, es decir en un Estado en el que las sentencias judiciales se cumplen, aunque no les gusten a los gobiernos.

Antonio Jimeno. Presidente del sindicato de profesores AMES

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