El Ministerio de Educación, el mismo que permite todos los desmanes de la Generalitat de Cataluña en materia educativa, remitió el 10 de junio a la Comunidad Autónoma de Madrid un requerimiento, el paso previo para ir a los tribunales por lo contencioso-administrativo, porque afirma que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso no ha respetado la Ley de Educación al no incluir a los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo en las pruebas de diagnóstico que se hicieron hace una semanas a todos los alumnos de 4º de Primaria y 2º de la ESO.
El Gobierno de Madrid, según informa el diario ‘El Mundo’, contestó que «no hubo instrucciones» para «excluir a nadie» y argumenta que «lo que se hizo, ante la petición de los propios directores y profesores, fue permitir a los docentes que decidieran si estos alumnos debían hacer las pruebas o no». No solo eso, el Gobierno de Sánchez amenaza con un requerimiento al Gobierno autonómico valenciano por «incumplir la legislación básica» en el decreto autonómico que regula la admisión de alumnos en centros públicos y concertados, aprobado el pasado 23 de abril.
Y ha advertido al Gobierno de Baleares sobre su decreto de admisión de alumnos que hay un error porque en las comisiones de admisión !no incorpora a los representantes de los profesores y de los alumnos», tal y como establece el artículo 86.2 de la Loe, modificado por la Lomloe. Mientras, Sánchez mira hacia otro lado cuando la Generalitat de Cataluña incumple las sentencias judiciales que obligan a que, al menos, el 25% de materias en las escuelas catalanas sean en español. El PSOE, siempre obsequioso con los separatistas que le mantienen en Moncloa.
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