El Gobierno de Pedro Sánchez ha confirmado este martes que no pedirá que se haga efectiva la sentencia del Tribunal Supremo que exige el 25% de clases en castellano en Cataluña.
El lunes expiraba el plazo para pedir la ejecución de la resolución. Lo han pedido distintas entidades, que ahora el TSJC tiene que resolver si tienen legitimación para solicitarlo.
En este sentido cabe recordar que inicialmente, el Gobierno, a través de la Abogacía del Estado, era el único legitimado para hacerlo.
El Ejecutivo central espera que ‘cuele’ el decreto de la Generalitat que ha vuelto a dividir a los partidos independentistas. Cabe recordar que se alcanzó un acuerdo entre PSC, Esquerra, Junts y comunes para blindar la inmersión lingüística y dejar el castellano a elección de cada centro escolar. Junts se desmarcó finalmente de dicho acuerdo.
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