La CCMA (Corporación Catalana de Medios Audiovisuales) es el organismo público que dirige la radio y televisión pública en Cataluña. Depende del Departamento de la Presidencia de la Generalitat. Sus miembros son elegidos por el Parlament, y durante el Govern Tripartito de PSC, ERC e Iniciativa (octubre de 2007) se aprobó que era necesaria una mayoría de 2/3 para escogerlos. También era necesaria una mayoría de dos tercios para aprobar el contrato programa con la Generalitat y el nombramiento de su director general.
El contrato programa define las funciones de servicio público de la CCMA, establece el compromiso de prestar estos servicios y unos objetivos a conseguir en un intervalo definido de tiempo, a la vez que fija las aportaciones económicas de la Generalitat de Catalunya.
Pero, aunque esta ley en su momento fue un avance, tenía carencias. La primera es que no se consiguió el consenso, y PP y Ciudadanos no apoyaron la ley, entre otras razones por el nulo papel que la norma daba al español en los medios de comunicación de la Generalitat. La segunda es que CiU impuso (y consiguió) para apoyarla que decisiones relevantes como la aprobación de los presupuestos anuales se pudieran aprobar por mayoría simple en una tercera votación si era imposible hacerlo por una mayoría de dos tercios en las dos primeras votaciones.
Nunca fue el proyecto de CiU y tras ganar las elecciones autonómicas en 2010 Artur Mas cambió las reglas para que solo hiciera falta una mayoría absoluta de votos en el Parlament en segunda vuelta (octubre 2011), y lo hizo mediante la aprobación de una ley omnibús.
En 2019 se aprobó una nueva ley, que es la que rige actualmente, y se volvió a los 2/3 de los diputados del Parlament. Pero no basta hacer normas si no se respeta su espíritu. En la actualidad, y a pesar de esta mayoría reforzada, TV3 sigue siendo lo que era, una herramienta independentista y con tics hispanófobos. Los socialistas pactaron con ERC y Junts el reparto de cromos en el consejo de administración de la CCMA, y nada cambió en una televisión que siguió siendo claramente separatista.
Ahí está el ‘Està passant’ y su polémica sobre el gag sobre la Virgen del Rocío (abril 2023). O cuando el informativo infantil y juvenil ‘Info K’ (marzo 2023) analizó las canciones que cantan los niños cuando juegan para concluir que “si observamos los patios de las escuelas, la mayoría de canciones que usamos para jugar son en castellano. Además, si las escuchamos con atención, algunas pueden dar incluso un poco de miedo”. O cómo en el programa ‘Zona Franca’ (diciembre 2023) sonó el himno de España a base de pedos.
La pregunta clave es si vale la pena pagar centenares de millones de euros de todos los catalanes para sostener TV3 y el resto de medios audiovisuales del gobierno autonómico catalán cuando una parte importante de la sociedad considera que ya no son un servicio público, sino una herramienta al servicio de una causa política, la independentista. Y más allá, ¿vale la pena sostener unos medios de comunicación públicos, tanto RTVE como otras cadenas autonómicas o municipales, cuando las acusaciones de “politización” son constantes?
Pero el caso de TV3 es demasiado extremo como para poder compararlo con otras cadenas públicas de nuestro país. Por mucho que los partidos de la oposición siempre acusen a RTVE, o a las televisiones públicas o locales, de estar al servicio del gobierno de turno, nada es comparable a la operación de ingeniería social a la que se ha dedicado TV3 en cuerpo y alma.
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