El Consell de la República, el chiringuito que hace años fundó Carles Puigdemont para intentar conseguir protagonismo en la política catalana desde Waterloo – ciudad en la que reside fugado de la justicia – ha llevado a cabo una auditoría interna sobre presuntas irregularidades económicas de Toni Comín, que es vicepresidente de la entidad.
Dicha auditoría ha responsabilizado al vicepresidente de la entidad, Toni Comín, de gastos no justificados por un importe total de 15.530 euros que Comín dedicó al alquiler de un vehículo y un apartamento durante quince días, el pago de impuestos y de una multa y la retirada de 6.000 euros en efectivo.
El informe interno asegura que dichos gastos de Comín «no parecen justificados dentro del marco de la defensa del exilio». El Consell de la República, tras esta auditoría, ha anunciado en un comunicado que la gestión de las finanzas no seguirá en manos de Comín en solitario – tenía esta función como vicepresidente de la entidad -, como hasta la fecha, sino que dos miembros más de la entidad también se responsabilizarán de las medidas económicas.
Añade que «estas decisiones serán siempre, sin excepción, adoptadas de forma mancomunada e igualitaria, es decir, con la conformidad de dos de los tres miembros descritos. Siendo imprescindible también la fórmula descrita para ordenar cualquier clase de pago».
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