La condición de diputado de José Luis Ábalos ha llegado a su punto de inflexión. La Sala de Apelaciones del Tribunal Supremo desestimó por unanimidad su recurso y el de su exasesor, Koldo García. Con esta decisión, su procesamiento queda en firme. A última hora de este miércoles, la Mesa del Congreso se vio forzada a aplicar el reglamento. Pese a que el exministro pedía votar telemáticamente desde prisión, la Cámara ha optado por suspenderle de sus derechos y deberes parlamentarios.
El argumento de Ábalos era que sus prerrogativas como parlamentario se mantenían «intactas». La Mesa, de mayoría socialista, ha tenido que actuar por la confirmación judicial de su procesamiento. La suspensión no implica que el exministro pierda el acta de diputado, pero sí sus derechos más relevantes. Ábalos dejará de percibir su sueldo y pierde de forma inmediata su derecho a asistir a las sesiones y, lo más importante, a votar.
La maniobra del Congreso, aunque reglamentaria, supone un golpe directo a la ya débil mayoría del Gobierno de Pedro Sánchez. En un hemiciclo de 350 escaños, cada voto es crucial. La aritmética surgida de las elecciones del 23-J era ya crítica para el Ejecutivo. Sin el voto de Ábalos, el bloque favorable al Gobierno queda aún más comprometido en las votaciones.
Con el voto del exministro, las iniciativas del Gobierno se imponían a la oposición por un margen de 172 a 171. Una mayoría simple, pero suficiente en muchas ocasiones. Ahora, la ausencia del voto de Ábalos provoca un peligroso empate a 171. Este escenario aboca a la derrota automática de cualquier medida que necesite el respaldo del Congreso.
La suspensión de Ábalos otorga una influencia todavía mayor a los socios más exigentes del Gobierno, como Junts per Catalunya. Su abstención ya no será suficiente para que el Ejecutivo gane. El PSOE se enfrenta a una legislatura todavía más inestable y a la necesidad imperiosa de asegurar hasta el último apoyo para evitar el naufragio de sus propuestas legislativas.
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