La acción de la justicia y el Código Penal pueden neutralizar con eficacia la codicia económica, pero resulta notablemente más complejo frenar el sectarismo ideológico que inoculan los separatismos periféricos en la sociedad. Líderes de formaciones soberanistas catalanas y vascas exigen – de manera hipócrita, vista su política de gasto presupuestario – escrupulosa pulcritud en la gestión de los fondos públicos mientras avalan de forma sistemática la discriminación de los derechos civiles en sus territorios.
El adoctrinamiento en las aulas mediante modelos de inmersión lingüística exclusiva cercena el derecho de las familias a elegir la educación de sus hijos en libertad y vulnera la legalidad vigente. La imposición de barreras idiomáticas en el acceso al empleo público y en las convocatorias de contratación autonómica consolida una casta de ciudadanos privilegiados frente al resto de compatriotas.
Este tribalismo identitario fractura la cohesión social y subvierte el principio constitucional de igualdad ante la ley, convirtiendo regiones enteras en espacios de exclusión para los castellanoparlantes. La debilidad del Gobierno de Pedro Sánchez ante sus socios parlamentarios durante su mandato ha agudizado esta deriva, blanqueando postulados supremacistas a cambio de rédito partidista y permanencia en el poder.
La prioridad nacional pasa inexorablemente por restaurar los derechos cívicos amenazados en cada rincón del Estado y garantizar que ningún español sufra discriminación por motivos lingüísticos o territoriales. Frente a la condescendencia del sanchismo con los peores socios posibles, urge una respuesta firme y unitaria que reivindique el marco constitucional y la igualdad real de todos los ciudadanos.
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