El castellano también ha de ser lengua vehicular en Cataluña

El pasado 2 de febrero el sindicato catalán de profesores AMES (Acción para la Mejora de la Enseñanza Secundaria) pidió al Consejero de Enseñanza de Cataluña, de la misma manera que lo había hecho ya el año anterior, que el modelo de preinscripción escolar incluyera unas casillas de opción lingüística para que los padres pudieran elegir entre si querían para sus hijos una enseñanza en la que todas las materias, a excepción de la Lengua castellana, se impartieran en catalán, o que una parte de ellas se impartiera en castellano.

A tenor de la sentencia del TSJC, esa parte debería de ser de como mínimo un 25% de las horas de clase. El 14 de febrero, ese mismo sindicato, la Asociación por la Tolerancia (AT), la Asociación de Profesores por el Bilingüismo (APB) y un grupo de madres y padres iniciaron una recogida telemática de firmas pidiendo lo mismo y, en solo dos semanas, recogieron 30.000 firmas.

Esta petición había sido desatendida el año anterior por la Consejera de Enseñanza de Cataluña, en nuestra opinión en un claro incumplimiento de la Ley de Educación, la LOMCE, y de las sentencias del Tribunal Supremo (TS) y del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

Pero este año, al ser el propio ministro de educación el responsable de la Consejería de Enseñanza de Cataluña, en virtud de la aplicación del artículo 155, la situación debería ser completamente diferente, en cuanto al cumplimiento de las leyes.

El 15 de febrero el presidente del Gobierno, el señor Mariano Rajoy, comentó que el Gobierno se estaba planteando la opción de introducir esta casilla en los formularios de preinscripción. Al día siguiente, tras el consejo de ministros, el ministro de Educación y portavoz del Gobierno, el señor Íñigo Méndez de Vigo, declaró que el Gobierno garantizaría “la libertad de los padres” para elegir el castellano como lengua vehicular de sus hijos, en los centros escolares catalanes y aseguró que “el cómo lo hagamos, lo estamos estudiando” pero “sin duda lo haremos“.

El presidente de Ciudadanos, el señor Albert Rivera, aseguró que el Ejecutivo contaría con su apoyo en una posible reforma lingüística de la enseñanza en Catalunya, mientras que el PSC/PSOE, los Comunes y los partidos secesionistas protestaron enérgicamente contra esta propuesta.

La primera medida que tomó el Ejecutivo consistió en anunciar, el 19 de febrero, que se retrasaría el período de preinscripción. Así, mientras que el año pasado se inició el 23 de marzo, este año se realizará del 13 al 24 de abril. Esto pareció lógico dado los cambios a introducir. Sorprendentemente, al día siguiente, el 20 de febrero de 2018, el Tribunal Constitucional publicó la sentencia sobre el recurso de inconstitucionalidad de varios artículos de la LOMCE, que había interpuesto cuatro años antes, el 6 de marzo de 2014, el Gobierno de la Generalitat.

En dicha sentencia lo único que, básicamente, se anula de la LOMCE son los párrafos tres, cuatro y cinco de la Adicional 38.4.c. sobre el derecho a pedir una ayuda de 6000 euros a costa de los presupuestos de la Generalitat, para  poder estudiar en un centro privado, con un mínimo de un 25% de materias en castellano, cuando ningún centro público o concertado de Cataluña lo ofreciera, siendo el Ministerio de Educación, a través de la Alta Inspección, el que tome la decisión final.

El motivo por el cual se anula este derecho es que el TC considera que esto es un abuso de competencias por parte del Ministerio. Pero esta sentencia del TC no anula ni el primero ni el segundo párrafo de la Adicional 38.4.c que dicen: “Las Administraciones educativas podrán, asimismo, establecer sistemas en los que las asignaturas no lingüísticas se impartan exclusivamente en lengua castellana, en lengua cooficial o en alguna lengua extranjera, siempre que exista oferta alternativa de enseñanza, sostenida con fondos públicos, en la que se utilice como vehicular cada una de las lenguas cooficiales.

En estos casos, la Administración educativa deberá garantizar una oferta docente sostenida con fondos públicos en la que el castellano sea utilizado como lengua vehicular en una proporción razonable”.

El ministro Íñigo Méndez de Vigo, al conocer la sentencia, dijo que la estudiaría y que sería objeto de sus reflexiones. Dos semanas después, en una entrevista publicada en ABC el 4 de marzo, inexplicablemente comentó que “el 155 no puede alterar el modelo educativo de una Comunidad Autónoma, se pongan como se pongan” y añadió: “Vamos a darnos tiempo para pensar y hacer las cosas bien. No quiero crear expectativas falsas”.

Es pues posible que el ministro vaya a mantener el modelo de inmersión lingüística en catalán el próximo curso, en lugar de establecer un mínimo de un 25% de horas en castellano para todos los alumnos catalanes, como permite la ley y la sentencia del TSJC y como había comentado días antes. Una decisión así, en nuestra opinión, sería ilegal, inadmisible y, también, electoralmente perjudicial para su partido.

Sería ilegal porque la ley establece que solo puede ofrecerse un modelo lingüístico de inmersión en catalán, si existe una oferta alternativa de enseñanza, sostenida con fondos públicos, en la que el castellano también sea lengua vehicular en una proporción razonable, como se ha indicado anteriormente.

Sería inadmisible porque todos los ciudadanos de este país han podido constatar en estos últimos meses que la inmersión en catalán no era una simple medida educativa para proteger una lengua minoritaria, sino una estrategia para, juntamente con la manipulación de la historia detectada en muchos libros de texto, conseguir que el alumnado de Cataluña no se sienta español, sino solamente catalán.

El sindicato AMES presentó al Ministerio de Educación, en abril de 2017, un informe sobre el adoctrinamiento político detectado en los libros de Primaria y, en octubre de 2017, otro  informe similar sobre los libros de ESO. Ha pasado casi un año y, tanto nosotros como el resto de la sociedad, todavía estamos esperando una respuesta.

La realidad es que estamos en el mes de marzo y el próximo curso no empezará hasta el mes de septiembre, por lo tanto todavía hay tiempo para que el profesorado prepare sus materiales didácticos contemplando que se ha de impartir un 25% de las asignaturas en castellano. No se puede pues admitir que esto no se haga por querer “hacerlo bien” o por falta de tiempo.

Sería electoralmente perjudicial para el partido en el gobierno, porque ningún ciudadano partidario de continuar con el modelo de inmersión en catalán va a votar al PP porque éste también lo permita, mientras que muchos votantes del PP van a dejar de hacerlo, tanto en Cataluña como fuera de Cataluña. En cambio, si el PP estableciera que el castellano también ha de ser lengua vehicular en todos los centros, seguramente volvería a ganar las próximas elecciones.

Si el Consejero de Enseñanza de Cataluña no deseara incluir en el modelo de preinscripción las casillas de opción lingüística, bastaría con que diera la orden de que los proyectos lingüísticos de todos los centros de Cataluña se adecuaran a impartir un mínimo de un 25% de las materias en castellano, para cumplir así la ley y las sentencias de los tribunales y para mejorar la preparación de los alumnos catalanes en las dos lenguas cooficiales, que al fin y al cabo es lo único realmente importante de todo este asunto.

Antonio Jimeno

Presidente del Sindicato AMES

no recibe subvenciones de la Generalitat de Catalunya ni de otros organismos públicos.
Si quieres leer nuestras noticias necesitamos tu apoyo.

DONA

Recibe las noticias de elCatalán.es en tu correo