El 71% de las nuevas empresas de Madrid provienen de Cataluña

 

Carles Puigdemont en una imagen de archivo

El separatismo emprendió hace un tiempo un camino que acabará afectando con el paso del tiempo a todos los catalanes, a buen seguro a día de hoy no estamos todavía sufriendo esas consecuencias, pero para desgracia de todos la locura de unos pocos la vamos a acabar pagando todos de forma muy cara.

Hoy a través de una información de EL MUNDO hemos sabido que el 71% de las nuevas empresas de Madrid provienen de Cataluña, huyendo de la inestabilidad creada por los separatistas.

De un total de 2.849 empresas que han trasladado su sede a Madrid desde el referéndum ilegal del pasado 1 de octubre, 2.040 proceden de Cataluña.

Esta cifra supone que una de cada dos empresas catalanas que cambian de domicilio social, eligen la capital de España para instalarse. La fuga de empresas de Cataluña se está convirtiendo de este modo en un filón para la economía regional.

Según los datos oficiales, en octubre se consumaron 39 traslados, empezando por empresas del calibre de Abertis o Gas Natural.

En noviembre aterrizaron 228, en diciembre 512, en enero 524, en febrero 257, en marzo 273, en abril 95 y en los 22 primeros días de mayo de 2018 lo han hecho 112.

Teniendo en cuenta el desfase temporal desde que se inicia el traslado hasta que se completa, la desaceleración en la fuga coincide con la aplicación del artículo 155 de la Constitución.


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ElCatalán.es ha iniciado una campaña de crowdfunding para editar un libro dedicado a analizar y denunciar el adoctrinamiento escolar en los centros educativos en Cataluña. Los interesados en ayudar económicamente para poder sacar adelante este proyecto pueden hacerlo en este enlace.

Los partidos secesionistas han decidido que las escuelas catalanas no han de ser centros de educación, sino de adoctrinamiento escolar, en el que crear futuros votantes de la República catalana que ansían crear. Para eso no dudan en intentar utilizar las aulas para sus fines.

Este libro hablará con profesores, padres de alumnos y miembros de entidades cívicas constitucionalistas para denunciar la manipulación de la Generalitat en el ámbito escolar.

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