Este martes se ha firmado el llamado “Pacte Nacional per la Llengua”, un acuerdo suscrito por el Gobierno de la Generalitat, PSC, ERC, Comuns, UGT, CCOO y Plataforma per la Llengua (entre otras entidades defensoras de la imposición del catalán) en el que se comprometen a impulsar medidas para imponer el uso del catalán en ámbitos privados (trabajo, ocio, etc.) y fomentar aún más el uso exclusivo de dicha lengua por parte de la administración pública (arrinconando el uso del castellano, para que quede relegado a ser mera lengua de traducción que se usa a requerimiento expreso del ciudadano).
La entidad constitucionalista Convivencia Cívica Catalana, en un comunicado, ha asegurado que el contenido de ese pacto, «por cuanto busca expresamente imponer el uso del catalán a los catalanes, es incompatible con el principio general de libertad lingüística y con la obligación que impone la jurisprudencia constitucional a las administraciones públicas de no mostrar preferencia por ninguna de las dos lenguas oficiales (Sentencia Tribunal Constitucional 31/2010)».
La entidad considera que el papel de la administración pública en materia lingüística «debe ser garantizar que el catalán (como el castellano/español) sea conocido por todos los catalanes, y que estos utilicen, según su libre criterio, la lengua oficial que ellos quieran, tanto con la administración como en sus relaciones privadas. Y que la competencia en materia de normalización lingüística sólo ampara políticas encaminadas a garantizar ese conocimiento».
A este respecto, dados los datos que ofrece la propia Generalitat, Convivencia Cívica Catalana considera que el «objetivo de la normalización lingüística ya se ha cumplido, toda vez que el 100% de los alumnos escolarizados en Cataluña tienen un dominio suficiente del catalán. Por ello, no es necesario que se adopten nuevas medidas en dicha materia, al haberse cumplido el único objetivo legítimo de la administración en materia lingüística.
En palabras del presidente de Convivencia Cívica, Ángel Escolano, “pretender imponer el uso de unas de las dos lenguas a los ciudadanos en el ámbito laboral o en el ocio es una invasión intolerable de su libertad, y es una actuación incompatible con los derechos fundamentales; la lengua de uso cotidiano del ciudadano es como la religión o la orientación sexual: una expresión del libre desarrollo de su personalidad en la que ningún poder público que quiera ser democrático tiene el derecho a inmiscuirse. El contenido del Pacto es propio de regímenes totalitarios”.
Y anuncia que la entidad «vigilará todas las disposiciones normativas que se adopten en aplicación de dicho pacto y las impugnará en los tribunales, y ofrece asistencia jurídica gratuita a todos los ciudadanos que vean afectados sus derechos fundamentales y su libertad para usar libremente el castellano (y a no usar el catalán) por las actuaciones que lleven a cabo las administraciones y los firmantes de los pactos».
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