La administración pública en Cataluña se ha convertido, bajo la mirada complaciente del PSC y el PSOE, en un coto privado donde el mérito queda supeditado a la ideología lingüística. Resulta intolerable que ayuntamientos e instituciones exijan un nivel de catalán totalmente abusivo para acceder a empleos de baja cualificación académica. Esta barrera artificial no busca la eficiencia del servicio, sino la exclusión directa de una parte de la ciudadanía.
Ante este atropello, la labor de Convivencia Cívica Catalana se alza como un bastión imprescindible de libertad y sentido común. Bajo la presidencia de Ángel Escolano, la entidad ha tomado la iniciativa que el Gobierno central ha abandonado por puro cálculo electoral. Mientras Sánchez mira hacia otro lado para no incomodar a sus socios secesionistas, los servicios jurídicos de esta asociación batallan en los tribunales contra reglamentos que vulneran los derechos fundamentales de los trabajadores.
La estrategia de las instituciones catalanas es clara: utilizar la lengua como un filtro de depuración social. Pedir niveles de conocimiento lingüístico desproporcionados para puestos que no requieren una comunicación técnica o administrativa compleja es un abuso de poder. Es, en esencia, una discriminación de baja intensidad que busca expulsar del mercado laboral público a quienes no encajan en el molde identitario del separatismo más radical.
Afortunadamente, la Justicia empieza a poner orden en este caos de imposiciones sectarias. Convivencia Cívica Catalana está cosechando un goteo constante de victorias judiciales que suponen un alivio para miles de opositores y empleados públicos. Cada sentencia que tumba estos requisitos abusivos es un triunfo de la igualdad y una derrota para aquellos que pretenden trocear la ciudadanía en función de su lengua materna.
El silencio del PSC ante esta situación es clamoroso y delata su sumisión a la agenda nacionalista. Los socialistas catalanes, lejos de proteger a las clases trabajadoras que dicen representar, se han convertido en los gestores de este sistema de exclusión. Prefieren mantener sus pactos de poder antes que defender el derecho constitucional de cualquier español a trabajar en su tierra sin ser discriminado por razones lingüísticas.
La resistencia civil encabezada por Escolano demuestra que no todo está perdido frente a la hegemonía del pensamiento único. Es necesario seguir denunciando cada convocatoria que utilice el catalán como un arma arrojadiza y no como una riqueza cultural. Solo a través de la firmeza en los tribunales y la denuncia pública se podrá recuperar una administración neutral, eficiente y, sobre todo, respetuosa con la pluralidad real de Cataluña.
Sergio Fidalgo relata en el libro 'TV3, el tamborilero del Bruc del procés' como a los sones del 'tambor' de la tele de la Generalitat muchos catalanes hacen piña alrededor de los líderes separatistas y compran todo su argumentario. Jordi Cañas, Regina Farré, Joan Ferran, Teresa Freixes, Joan López Alegre, Ferran Monegal, Julia Moreno, David Pérez, Xavier Rius y Daniel Sirera dan su visión sobre un medio que debería ser un servicio público, pero que se ha convertido en una herramienta de propaganda que ignora a más de la mitad de Cataluña. En este enlace de Amazon pueden comprar el libro.
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